En su octava citación judicial en dos años y medio, esta vez en la causa conocida como "La ruta del dinero K", la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández negó ayer haber recibido dinero ilícito como parte de la causa en la que se investigan presuntos delitos de lavado.

Como ya es costumbre, Cristina no accedió a declarar y sólo presentó un escrito, y fiel a su estilo volvió a remarcar que es víctima de una "larga persecución" política y se comparó con Lula Da Silva. Además, negó tener cuentas bancarias con Lázaro Báez y las operaciones vinculadas a Austral Construcciones.

En el texto, que más tarde difundió a través de su página web, la exmandataria (2007-2015) aseguró que "nunca van a encontrar nada" con que involucrarla en delitos de corrupción, porque "jamás" se apoderó de "dinero ilícito alguno".

"Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno", remarcó.

Sebastián Casanello, juez encargado de esta causa, conocida como la "Ruta del Dinero K",  llamó a Fernández tras ser obligado por una Cámara superior a citarla, a pesar de haber evitado hacerlo durante dos años.

Al respecto, la actual senadora señaló en el texto que se encuentra "en una situación inédita" porque "es una indagatoria a pedido" del Ejecutivo de Mauricio Macri a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) y se la cita "sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito" que le pueda ser atribuido.

"Ante esta grave irregularidad (...) he dejado constancia de ello interponiendo un recurso de casación en contra de la resolución inválida dictada por la Cámara y recusé a los jueces que la firmaron, por carecer de toda imparcialidad frente al caso", subrayó la legisladora, quien desde hace tiempo reitera que es víctima de una persecución impulsada por el actual Gobierno.

Con una veintena de imputados, Casanello investiga delitos de lavado de activos entre 2010 y 2013 a través de una red que supuestamente montó una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior para el blanqueo de al menos 60 millones de dólares.

"No sólo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma", aclaró Fernández.

En esta causa destaca Lázaro Báez -estrecho colaborador del expresidente Néstor Kirchner y en prisión preventiva desde 2016-, al haber sido acusado de blanquear millonarias sumas de dinero que habría obtenido de la obra pública en la provincia sureña de Santa Cruz a través de sus empresas constructoras.

El empresario, dueño del grupo Austral, es acusado de haber brindado el "entramado societario" para captar fondos públicos y "vehiculizarlos" parcialmente a las manos "de quienes entonces eran funcionarios públicos", en referencia a la exmandataria y otros altos cargos.

La Justicia también investiga si esos fondos fueron sacados del país para posteriormente reintroducirlos para ocultar su origen.

Al respecto, Fernández recalcó que "jamás" tuvo cuentas bancarias no declaradas, "ya sea sola, con Báez o con cualquier otra persona".

"Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas", indicó.

El caso se inició en 2013, aunque ganó voz en marzo de 2016, cuando un canal televisivo difundió imágenes que mostraban a Martín Báez, hijo del contratista, contando grandes sumas de dinero en las oficinas de una financiera en Buenos Aires.

La legisladora remarcó que su familia nunca tuvo sociedades "offshore" en paraísos fiscales "o en cualquier otro lugar" ni apareció en investigaciones como los conocidos Papeles de Panamá, como sí apareció "el apellido Macri, entre muchos otros funcionarios de su Gobierno".

>>Qué dijo sobre Lula

Cristina dijo: "Lamentablemente, el fenómeno que vivimos tiene un carácter regional en Latinoamérica", entonces se refirió a "la situación que se da en Brasil con el proceso judicial contra de Lula Da Silva, constituyen una descripción, cambiando los nombres propios, casi perfecta de lo que viene ocurriendo en la Argentina".

Saludo muy especial de CFK al juez Casanello

"Al fin nos conocemos", dijo Cristina Kirchner dándole la mano al juez Sebastián Casanello minutos antes de que comenzaran a indagarla por la causa de la "ruta del dinero k". Al fiscal Guillermo Marijuan, en cambio, había decidido no contestarle el "buen día" que pronunció cuando ingresó a la audiencia. Fue un crudo contraste ante el saludo afectuoso que Marijuan se dio con el abogado defensor, Carlos Beraldi, quien había hecho ingresar a la Justicia al representante del Ministerio Público.

El saludo y las palabras de Cristina a Casanello fueron un detalle que no pasó inadvertido para los presentes: sobre todo porque, tras la detención de Lázaro Báez, el juez tuvo que enfrentar versiones sobre un supuesto encuentro con la expresidente en Olivos antes de dejar el poder, que él siempre negó. Un exempleado de la Anses y un chofer de la Secretaría General de la Presidencia, responsables de esos dichos, fueron enviados a juicio oral por falso testimonio.

A diferencia de las otras veces que visitó Comodoro Py, Cristina no salió desde su departamento de Barrio Norte -el mismo que fue allanado en la causa de los cuadernos y donde, según declararon arrepentidos, se almacenaba el dinero que se robaba con los negocios de Planificación-.

Sobre las 10, la ex jefa de Estado se retiró de la casa de su hija Florencia, en San José al 1100, en el barrio de Constitución, y se subió a un Toyota gris, seguida por un móvil de un canal de televisión.

A las 10.30 Cristina ingresó por la puerta de la calle Letonia a los tribunales: enfundada en un traje gris a cuadros, la expresidente sonrió ante los periodistas y ante algunos fans que la vivaron. Una vez más fue acompañada por el dirigente social Juan Grabois -considerado uno de los hombres de confianza del papa Francisco- y el exembajador ante la Santa Sede Eduardo Valdés.

En el despacho del juzgado, a la expresidente la condujeron a la secretaría. Se sentó y de inmediato llegaron el juez y el fiscal para presenciar la audiencia. Ignorando el "buen día" del primer fiscal que ordenó excavaciones en el sur, Cristina sí saludo al juez y comenzó la audiencia.

A las 11.30, la exmandataria salió del despacho de Casanello y se dispuso a cruzar el largo pasillo que separa ese juzgado (el 7) del de Bonadio (el 11). En ese momento, empleados del juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi (el 8) salieron a buscarla y sacarse fotos con sus celulares.

Encantada, Cristina Kirchner posó junto a ellos y luego, al cruzar el hall central, saludó con la mano a los que esperaban detrás del vidrio. Allí no sólo había periodistas con sus celulares filmándola sino también dos o tres empleadas que gritaron a viva voz: "Fuerza, Cristina".

La Justicia bloqueó otros 3 millones de euros que el empresario K Lázaro Báez mantenía ocultos en una cuenta bancaria que, hasta ahora, no había sido descubierta en la causa de la ruta del dinero K, revelaron al diario Clarín fuentes judiciales.

La maniobra de Báez, quien está preso desde hace más de dos años y a punto de enfrentar un juicio oral por la primera parte de la causa de la ruta del dinero K, se había hecho a través de la fundación panameña trucha Kinsky. Sucede que Báez, antes del 2013, había logrado sacar los 3 millones de euros de la cuenta de Kinsky y los había colocado en otra cuenta a nombre de la offshore CBH Bahamas LTD en Nassau abierta en un banco internacional. Así había pasado sin ser descubierta en los primeros exhortos enviados a Suiza por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan.

Pero el trabajo de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Mariano Federici, logró detectar ese desvío de dinero y congelar la plata para que el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) -integrado por Néstor Costabel y María Gabriela López Iñiguez- pida oficialmente su embargo y repatriación, explicaron las fuentes.

En el 2017, la Justicia suiza había confirmado oficialmente a Casanello la existencia de por lo menos una cuenta de Lázaro Báez en su país con 25 millones de dólares y de la cual también participan como beneficiarios sus cuatro hijos. Esos 25 eran parte de los 60 que, en el 2013, había repatriado a la Argentina por miedo a que se los embarguen.