El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer una nueva citación a la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que declare en la llamada "causa de los cuadernos de las coimas", que investiga una supuesta ruta de reparto de dinero para acceder a la obra pública, en la que además dispuso indagar a otras cien personas involucradas en esas actuaciones.

Esta es la tercera oportunidad en la que Bonadio cita a la senadora a declarar en esta causa, en la que está señalada como presunta jefa de una asociación ilícita que recaudaba dinero entre empresarios adjudicatarios de obras públicas.

Las indagatorias, que se realizarán a un ritmo de más de cinco por día, comenzarán el 20 de febrero y concluirán con la declaración del detenido exministro de Planificación Federal Julio De Vido, informaron fuentes judiciales.

Dentro del centenar de personas que Bonadio se propone indagar están varios exfuncionarios del gobierno de Cristina y empresarios como Carlos Wagner, Aldo Roggio y el primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. También José Gerardo Cartellone y Julio José Paolini.

Bonadio citó a declaración indagatoria a Cristina por la cartelización de la obra pública, derivada de la causa de los cuadernos. El magistrado ordenó 101 indagatorias en este tramo de la causa que investiga los contratos de obra pública para más de 70 empresas.

Entre los citados aparece el empresario detenido Cristóbal López. También Javier Sánchez Caballero y Santiago Altieri, exresponsables de Iecsa, una empresa constructora que cobró notoriedad por ser señalada como propiedad de la familia Macri.

Cristina deberá presentarse en los tribunales porteños de Comodoro Py el 25 de febrero, un día antes de que -si sus pedidos no prosperan- comience el juicio oral en su contra por el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz para beneficiar a Lázaro Báez.

En la causa de los cuadernos, la expresidenta ya tiene un procesamiento con prisión preventiva confirmado por la Cámara Federal porteña como jefa de una asociación ilícita.

Por pedido de los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, antes de concretar este nuevo llamado a indagatoria, el Juzgado impulsó 82 operativos. En ellos requirió información a 71 empresas en 14 provincias. Esas compañías estuvieron involucradas en la causa a raíz de los contratos obtenidos en la gestión K.

La sospecha de la Justicia es que se pagaron sobornos para la adjudicación de alrededor de un centenar de licitaciones, que fueron cobrados por exfuncionarios del ex Ministerio de Planificación Federal.

Cuando firmó el procesamiento de la expresidenta, el juez determinó que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de "dinero ilegítimas en mano propia" no la exime de "responsabilidades". En ese marco, se dio por comprobada "la existencia de una organización delictiva" planteada por la "recaudación de coimas" que comenzó con el fallecido expresidente Néstor Kirchner y que "continuó durante la gestión" de su exesposa, la actual senadora.

Apoyando el planteo de Bonadio, la Sala I de la Cámara indicó que Cristina tuvo siempre "conocimiento del sistema de recaudación" y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la "asociación ilícita". Por tal motivo, el juez de la causa volvió a citarla a indagatoria para que responda "por nuevos hechos corroborados en su contra", indicaron fuentes judiciales.