Tras las denuncias por coimas realizadas por el exchofer Oscar Centeno, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó ayer por la mañana en los tribunales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires.

En un escrito presentado en tribunales, la senadora nacional negó ayer haber recibido sobornos de empresarios durante su etapa como gobernante. En su presentación, Cristina puso en duda la veracidad de los dichos del exchofer, al hacer referencia a "la información que aparecía en unos supuestos cuadernos que habría confeccionado de manera harto llamativa Oscar Centeno, un exmilitar que supuestamente venía trabajando como chofer para un funcionario del Ministerio de Planificación, quien le habría entregado este material a Jorge Bacigalupo, un sargento retirado de la Policía Federal, entre cuyas cualidades se destaca no sólo tener un odio acérrimo hacia el peronismo, sino también la justificación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura".

La expresidenta, que estuvo unas dos horas en los tribunales porteños de Retiro, consideró en su escrito que "resulta absurdo intentar hacernos creer que en un país que preside Mauricio Macri, hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra y hermano del alma de Nicolás Nicky Caputo,

todos ellos quintaesencia de la patria contratista, haya sido (el expresidente) Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo de 2003, quien organizó el supuesto sistema de cartelización de la obra pública, típico de la patria contratista durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los "80".

La expresidenta reiteró que es víctima de la "nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas" que "ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza 
a millones de personas".

En este expediente, la actual senadora está acusada de ser jefa de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos cuando era presidenta. Está señalada como la responsable, junto a su fallecido exesposo Néstor Kirchner, de "comandar" una estructura que habría movido en coimas más de 200 millones de dólares.

El juez federal que sigue la causa, Claudio "Bonadio vuelve a citarme a indagatoria acusándome de ser la jefa de una nueva asociación ilícita. Esta vez con los principales empresarios de la construcción. Ya voy por la cuarta organización delictiva. Eso sí, siempre soy la jefa", subrayó irónicamente Fernández en Facebook.

Según destaca, desde que dejó la jefatura de Estado, en diciembre de 2015, le "armaron" seis causas penales, cinco de ellas "iniciadas e impulsadas por Bonadio". "Decisión política del Poder Judicial en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos, para ungir a Bonadio como brazo de persecución contra mi persona", sentencia. En el escrito, subrayó que "resulta inconcebible que Bonadio, colocándose nuevamente el traje de juez enemigo, me fabrique una nueva causa".

La expresidenta presentó en tribunales tres escritos en los que recusó a Bonadio y al

fiscal Carlos Stornelli y pidió la nulidad de la causa en la que se investiga el pago de coimas durante el kirchnerismo. El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, presentó un planteo de nulidad basado en supuestas irregularidades en la aparición de los cuadernos; y en que su defendida ya es investigada por asociación ilícita en otras tres causas y se pretende "perseguirla por la misma conducta". La defensa solicita además una serie de comparecencias ante la Justicia, como la de Macri, por si influyó en que a Calcaterra se le dejara en libertad tras darle la condición de "arrepentido", figura legal que otorga beneficios penitenciarios a cambio de colaboración.

Cristina requirió que Macri sea llamado a declaración testimonial al igual que el presidente de Boca, Daniel Angelici, por su rol de "operador judicial".

La asociación ilícita pudo cumplir con sus objetivos porque contó con "aportantes" de los "fondos indebidos" que, según el fiscal Carlos Stornelli, fueron los directivos y ejecutivos de las principales compañías de la construcción y del sector energético.

(Fuente: Efe)

Allanamiento en Recoleta

Efectivos de la Policía Federal ingresaron ayer al edificio en que Cristina Kirchner reside en el barrio porteño de Recoleta. El operativo ocurrió pocos minutos después de que la senadora se trasladó hasta el Instituto Patria, tras presentar tres escritos ante la Justicia por el caso de los cuadernos de las coimas.

Según confirmó TN, el allanamiento no se realizó en los departamentos a nombre de la exmandataria, sino en el primero y cuarto piso. Varios testigos señalaron ante la Justicia que en esas propiedades habría "guaridas" para guardar grandes cantidades de dinero, como bóvedas y entrepisos.

En medio del operativo, el abogado de Cristina, Gregorio Dalbón, se acercó corriendo hasta el edificio para constatar que no hubiesen ingresado ilegalmente a la residencia de la senadora, ya que el juez Claudio Bonadio debe esperar la autorización del Congreso.

En diálogo con TN, el letrado calificó la situación como "un circo" y una pantalla para tapar la abrupta escalada del dólar. "Si están allanando algo relacionado con Cristina no es una arbitrariedad sino un delito", aclaró antes las cámaras.

Sin embargo, cuando se comprobó que los efectivos habían ingresado a otros departamentos -que no están vinculados con la familia Kirchner- Dalbón sostuvo que se trata de una "persecusión política" y un "gran show". Según fuentes judiciales, el departamento del primer piso lo compró el exsocio del matrimonio kirchnerista, Osvaldo "Bochi" Sanfelice, quien es investigado como posible testaferro de los exmandatarios. El propietario de este inmueble fue en una primera instancia Osvaldo de Sousa, hermano de Fabián de Sousa, accionista del Grupo Indalo. Pero en 2014, se lo transfirió a Cristóbal López.