El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer el procesamiento de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, por los delitos de ‘administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública‘ en el caso del desvío de más de 8.000 millones de pesos del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).
Se trata de la causa en la que están imputados por haber ‘favorecido ilegítimamente a los empresarios a través de distintas irregularidades en el acogimiento y otorgamiento de planes de facilidades de pago respecto del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que dicha firma debía ingresar al fisco y, que en cambio, utilizó para expandir y capitalizar el conglomerado económico Grupo Indalo‘.
El pedido de procesamiento, remitido al juez federal Julián Ercolini, incluye a otra decena de funcionarios de la AFIP y vinculados con el grupo empresario.
Según la acusación del fiscal, entre 2013 y 2015, Oil Combustibles ‘omitió el pago de los conceptos correspondientes al ICL -habiendo abonado únicamente 7 períodos de los 55 en cuestión-, siendo que los ex funcionarios indagados no reclamaron oportunamente el pago de la deuda‘. Al mismo tiempo, ‘habrían permitido por acción en algunas oportunidades y por omisión en otras, un gran número de irregularidades en el tratamiento, otorgamiento y posterior gestión de regímenes de facilidades de pago, permitiendo de ese modo que la empresa se valiera indebidamente de esos fondos para financiar a otras sociedades del Grupo Indalo, del cual la nombrada formaba parte‘.
Según Pollicita, el Estado ‘dejó de percibir más de $5.000 millones en concepto de capital, los que al momento de solicitar esta parte la declaración indagatoria alcanzaban la suma de más de 8.900 millones con los intereses incluidos‘. El dictamen describe tres pasos de la presunta maniobra: la inmersión en el negocio petrolero con la creación y puesta en funcionamiento de la firma Oil Combustibles, la omisión de pago de los montos declarados y percibidos por dicha firma en concepto de ICL (o Impuesto a la Transferencia de los Combustibles) y el otorgamiento irregular de planes de facilidades de pago generales y particulares.
Báez quiere hablar con sus hijos
El empresario kirchnerista Lázaro Báez, detenido desde el pasado 5 de abril y procesado por lavado de activos en la causa conocida como ‘ruta del dinero K‘, quiere tener en la cárcel una entrevista con sus hijos, también imputados, y sus defensas, con el fin de elaborar una estrategia conjunta. Así se desprende del pedido que hicieron ante el juez Sebastián Casanello y la Sala II de la Cámara Federal. Báez había solicitado autorización para mantener una entrevista conjunta con sus hijos y su defensa en la cárcel de Ezeiza, y reclamaba que le habilitaran un apropiado espacio físico para ello. El juez Casanello lo rechazó y ahora la Sala II de la Cámara confirmó parcialmente esa decisión. Es que la Cámara afirmó que la potestad le corresponde al Servicio Penitenciario Federal (SPF), pero el juez debió haber analizado las circunstancias de su alojamiento y hacérselo saber a los abogados de los hijos de Báez. Para los camaristas, ‘la cuestión no resulta del todo ajena al Juez‘ porque ‘así lo prevé ese mismo reglamento en cuanto a las restricciones a las visitas que el Magistrado pudiera disponer‘.