La fiscal federal Alejandra Mangano imputó ayer al exsubsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan por presunto lavado de dinero, dado que poseía 1,2 millones de dólares en una cuenta en un banco de Andorra que no había declarado.

La representante del Ministerio Público elevó el requerimiento de instrucción al juez federal Claudio Bonadio, a quien le solicitó que pida a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas del exfuncionario del gobierno de Cambiemos.

"Se investiga si Díaz Gilligan, desde fecha incierta (pero presumiblemente a partir del año 2012) hasta la actualidad; administró, disimuló y/o procuró que se inserte en el mercado dinero de origen ilícito", informaron fuentes judiciales. Para la maniobra se habrían utilizado "las firmas Line Action y Nashville North Inc." cuyo rubro es el de "transferencia de jugadores de fútbol", remarcaron las fuentes.

Desde el 16 de diciembre de 2015 (decreto 94/2015), hasta el 19 de febrero de este año, Díaz Gilligan ejerció funciones como subsecretario general de la Presidencia de la Nación, y anteriormente desempeñó funciones en el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La denuncia contra Díaz Gilligan había sido presentada hace una semana por el diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade, luego de que el diario El País, de España, revelara que el funcionario argentino tenía en una cuenta en Andorra, un país de 78.264 habitantes entre España y Francia, donde hasta el pasado año regía el secreto bancario.

El diputado kirchnerista también había solicitado que se investigue a Díaz Gilligan por supuesta "omisión maliciosa" por no haber declarado los fondos ante organismos argentinos. "Díaz Gilligan, mínimamente, habría omitido declarar 1,2 millones de dólares ante los organismos de contralor al momento de ser designado funcionario público y con posterioridad", sostuvo Tailhade en la denuncia.

"Existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos de corrupción que ventiló El País", sostuvo el denunciante.

"No podemos soslayar que en su defensa el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra", remarcó el diputado kirchnerista.

Díaz Gilligan asegura que el dinero no era suyo y que fue accionista y director de esa sociedad a pedido de un amigo: Casal. El uruguayo "Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco (DGI) que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo", dijo Gilligan a El País de Madrid.

"Las confusas y autoincriminatorias declaraciones brindadas a los medios sólo aportan más oscuridad a un hecho de por sí grave. La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción, según sus propias declaraciones, prueba que pretende sustraerse de una verdadera y efectiva investigación, buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político", subrayó Tailhade.

El delito de lavado de dinero tiene una pena de tres a diez años de prisión y prevé una multa de dos a diez veces del monto de la operación.

Díaz Gilligan renunció el pasado martes a su cargo luego de que el diario español El País revelara que el funcionario habría omitido declarar una cuenta con 1,2 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra a nombre de la empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol. La cuenta fue abierta en 2012, cuando Díaz Gilligan, que figuraba ante el banco como representante de la empresa y accionista, era asesor del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y se mantuvo en la

sociedad hasta 2014, cuando vendió su participación al ser nombrado director general de Turismo del Gobierno porteño.

Télam y Efe