El Senado aprobó ayer con el apoyo del oficialismo y un grupo de aliados, y giró a la Cámara de Diputados, el proyecto de ley para regular y limitar las medidas cautelares contra el Estado que, para la oposición, afectará derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional.
Con la sanción con 39 votos a favor y 29 en contra de la iniciativa la Cámara concluyó el tratamiento de los tres proyectos -junto a la reforma del Consejo de la Magistratura y la creación de cámaras de casación en tres fueros- que le envió el Ejecutivo para llevar a cabo la reforma de la Justicia y que ahora se deberán considerar en Diputados. El nuevo texto busca ampliar el alcance del recurso en materia de derechos humanos y laborales-sindicales.
Uno de los cambios se introdujo en el artículo 2 que quedó redactado así: ‘La providencia cautelar dictada contra el Estado Nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente, solo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables, acreditados en el proceso, y se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental‘.
La otra modificación fue un agregado en el último párrafo al artículo 17 para indicar que como limitación para las cautelares ‘no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia, conforme los procedimientos a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de autoridad de aplicación‘. El texto original plantea que las cautelares no podrán tener ‘una vigencia superior a 6 meses en un proceso ordinario, ni de 3 meses en uno sumarísimo o de amparo, y se podrán extender por 6 meses‘.