El diputado nacional y exministro kirchnerista de Planificación, Julio De Vido, fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Claudio Bonadio por supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios al gasoil para las empresas de colectivos.

Fuentes judiciales informaron ayer que Bonadio lo convocó para el 23 de junio en los tribunales de Comodoro Py 2002 (en la Ciudad de Buenos Aires) y que, a la vez, citó también a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime (detenido) y Juan Pablo Schiavi.
El magistrado, además, firmó órdenes para que declaren como imputados los extitulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.

En esta causa se investigan los subsidios que los gobiernos de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner entregaron a las empresas de transporte para ayudarlas a afrontar los costos de combustible, entre 2005 y 2012, a cambio de que no subieran los pasajes.

El mecanismo se ponía en marcha con una declaración jurada a la Secretaría de Transporte por parte de las empresas, que cuantificaba cuántos kilómetros recorría cada colectivo y el número de pasajeros, y la CNRT tenía que controlar si esos datos eran veraces. Los investigadores judiciales detectaron supuestos fraudes en las declaraciones juradas y un presunto perjuicio para las arcas públicas por unos 200 millones de pesos.

El sistema de tarjetas SUBE sirvió para brindar datos sobre el número de pasajeros transportados por empresas subsidiadas, lo que junto con otros elementos de prueba del sumario penal, como un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), llevó a llamar a indagatoria a imputados. Al referirse al sistema de control para la asignación de beneficios, la AGN entendió que existieron deficiencias.

De Vido tiene varias denuncias penales en su contra por supuesta corrupción y está procesado en diversas causas. Fue procesado por la tragedia ferroviaria de Once (espera juicio oral), por la compra de trenes inservibles a España y Portugal y por supuestamente integrar una ‘estructura delictiva‘ para favorecer con contratos viales millonarios a Lázaro Báez. Jaime y Schiavi fueron condenados por el caso Once, mientras el primero fue enviado a juicio oral en el tema de los trenes ‘chatarra‘ adquiridos en Europa. Agencias