Senadores de la oposición fueron denunciados ayer ante la Justicia por el abogado kirchnerista Eduardo Barcesat por ‘sedición‘ al ‘impedir‘ que el Ejecutivo nombre nuevos miembros de la Corte Suprema hasta después de las elecciones presidenciales del 2015.
La iniciativa fue avalada por el gobierno nacional a través del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y fuertemente rechazado por el antikirchnerismo.
Desde la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, el Frente Renovador, y el Partido Socialista coincidieron en rechazar la acción del constitucionalista y acusaron al Gobierno nacional de querer ‘amedrentar‘ y ‘ver presos‘ a los senadores opositores.
Barcesat, abogado personal de Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo, apuntó contra los senadores Ernesto Sanz y Gerardo Morales (UCR), Fernando ‘Pino‘ Solanas (Proyecto Sur), Carlos Reutemann y Juan Carlos Romero (PJ disidente), Luis Juez (Frente Cívico cordobés), Gabriela Michetti y Diego Santilli (PRO), ‘y todo otro‘ que haya suscripto el ‘compromiso público de impedir la cobertura de la vacancia en la Corte Suprema‘.
Desde el gobierno nacional se avaló esta denuncia a través de Capitanich, quien afirmó que ‘la oposición política claramente mantiene una actitud violatoria de la Constitución Nacional y una perspectiva sediciosa al negarse al tratamiento de la designación de un nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia‘.
El abogado constitucionalista responsabilizó a los senadores por ‘operar una connivencia delictiva a fin de impedir que el Poder Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional‘ de cubrir la vacante en la Corte.
‘Denigra la jerarquización constitucional de los partidos políticos‘, agregó Barcesat respecto al compromiso que firmaron los legisladores el miércoles pasado para ‘rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación‘ propuesta por la Casa Rosada.
Citó el artículo 230 del Código Penal que establece penas de uno a cuatro años de prisión para quienes ‘se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de funcionarios nacionales o provinciales‘.
Para Ernesto Sanz acusó al Gobierno nacional por querer ‘amedrentar a los senadores‘ y denunció que ‘está atrás‘ de la presentación de Barcesat porque los quiere ‘ver presos‘. El jefe del bloque de diputados radicales, Mario Negri, también repudió la denuncia y apuntó contra Capitanich al advertir que sus declaraciones ‘parecen un bando militar en dictadura‘ porque ‘regresó la palabra sedición al vocabulario de un gobierno elegido por el pueblo, pero no para usarlo contra los golpistas sino contra los demócratas‘. La diputada del PRO Patricia Bullrich sentenció: ‘Barcesat se parece a Videla y cree que es la época de la dictadura‘. Graciela Camaño, del massismo, calificó a la denuncia como ‘absolutamente ridícula‘ y planteó: ‘Indudablemente el doctor Barcesat no reconoce la división de poderes. Dudo mucho que la Justicia pueda inmiscuirse en una decisión política de los senadores‘. (DyN)