El Gobierno argentino denunció ante la Justicia por presunto contrabando agravado y evasión fiscal al ex jefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SI), Antonio “Jaime” Stiuso, a quien el Ejecutivo relaciona con la muerte del fiscal Alberto Nisman.
Además de Stiuso, el Poder Ejecutivo denunció penalmente por presunto contrabando agravado y evasión a otros dos funcionarios de Inteligencia: Alejandro Patricio y a Nicolás Gastón Mercados, quienes habrían utilizado prerrogativas especiales que tiene la SI pero utilizándolas para el comercio ilegal.
Oscar Parrilli, actual titular de la SI, acompañado por el subsecretario del organismo, Juan Manuel Mena, realizó ayer los anuncios sobre la denuncia penal formulada el lunes pasado ante el Juzgado Penal Económico Nº3, a cargo del juez Rafael Caputo.
“Gracias a información brindada por la Aduana pudimos llegar a la conclusión que, durante el 2013 y el 2014, se realizaron 67 importaciones por 94.000 kilos de mercadería que tipificamos como contrabando, porque no estuvo destinada a la SIDE ni a cumplir una función de la Secretaría”, detalló Parrilli en conferencia desde la Casa de Gobierno presumiendo que “ingresó en el circuito comercial”.
Los acusados habrían aprovechado las prerrogativas especiales, contempladas en la Ley de Inteligencia Nacional, que le permite a la SI “importar mercadería con un régimen especial, que no tributa impuestos de ninguna naturaleza” y que además, al considerarse material técnico secreto, a los fines de los objetivos de la SI, “esa mercadería tampoco es controlada ni verificada para su retiro”.
Los denunciados fueron acusados de comandar una red que ingresaba al país productos importados sin declararlos. Parrilli señaló que la mercadería, en la que había “material oftalmológico, material médico, de entretenimiento electrónico para chicos, material para computadoras”, fue traída en operaciones realizadas entre 2013 y 2014. Mena, por su parte, advirtió que “las conductas criminales que hemos detectado son de suma gravedad” al mencionar la figura de “contrabando agravado por el rol de funcionario público, con una pena de 4 a 10 años de prisión” que correspondería por este tipo de delitos, más el de evasión tributaria. “Ingresaban ilegalmente mercadería al país para provecho propio y para otros particulares”, dijo Mena.
Parrilli precisó que de las 20 firmas importadoras, 15 provienen de Miami, EEUU. El nombre de Stiuso aparece como destinatario de algunas de las mercaderías, equipamiento médico o elementos electrónicos y también vinculado a una de las firmas que transportaban la mercadería una vez que llegaba al país, según denunció Parrili.
Stiuso fue desplazado de su cargo en diciembre, poco después de que Parrilli asumiese como
nuevo secretario de Inteligencia. El Gobierno ha apuntado a Stiuso como parte de una operación de desestabilización alrededor de la muerte de Nisman, en circunstancias aún sin aclarar tras denunciar a Cristina por presunto encubrimiento de terroristas. Fuentes: DyN, Télam y Efe