La presidenta Cristina Fernández anunció ayer que el Gobierno denunciará a la imprenta Donnelley de capitales estadounidenses “por alteración al orden económico y financiero”, en el marco de aplicación de la Ley Antiterrorista.
La mandataria reveló que el anuncio de quiebra realizado por la imprenta buscó ‘crear el temor‘ en la población y señaló que Paul Singer, titular del fondo buitre NML, había transferido parte de sus acciones al fondo de inversión BlackRock, que tiene participación accionaria en la empresa gráfica radicada en Argentina. Cristina diferenció la situación de Donnelley de la empresa Lear, que, indicó, se encuentra en el marco de un conflicto sindical. En este contexto, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó dos denuncias contra la empresa Donnelley Argentina, una comercial para solicitar que se revoque la quiebra y se deje sin efecto, y otra penal, por el supuesto delito de ‘alteración del orden económico y financiero‘. Según fuentes gubernamentales, se denunció penalmente que ‘mediante un complejo entramado de intereses societarios‘ que actuaron en la reciente quiebra de la empresa, la causa fue ‘posicionar a determinados tenedores de instrumentos financieros, en situación de negociarlos a determinado precio‘.