Patricia Bullrich y Laura Alonso, ambas diputadas nacionales del bloque Unión PRO, presentaron ayer una denuncia judicial en la que vincularon a los organismos de inteligencia del Estado en un presunto ‘espionaje ilegal‘ contra dirigentes políticos, sociales y miembros del Poder Judicial.
Según se informó en un comunicado de prensa, en la presentación las diputadas también adjuntaron una lista de los espiados por los servicios de inteligencia del Estado, junto con sus nombres, apellidos, documentos, fechas de nacimiento y los motivos de la intervención de los teléfonos.
Entre los políticos escuchados, según las legisladoras, están los candidatos presidenciales Mauricio Macri (Cambiemos), Sergio Massa (UNA), Margarita Stolbizer (Progresistas), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal). También aparecen en los listados los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, los jueces federales Claudio Bonadio y Sandra Arroyo Salgado -exesposa del fiscal fallecido Alberto Nisman-, el exdirector del SIDE, Antonio ‘Jaime‘ Stiusso, y el ex jefe del Ejército, César Milani. La nómina también incluye a los candidatos a gobernador bonaerense María Eugenia Vidal (Cambiemos) y Felipe Solá (UNA), además de la senadora Gabriela Michetti, compañera de fórmula de Macri, y otros dirigentes más.
Entre el grupo de los periodistas ‘vigilados‘, las diputadas citaron a Magdalena Ruiz Guiñazú, Carlos Pagni, Marcelo Bonelli, Héctor Magnetto, Nelson Castro, Joaquín Morales Solá y Jorge Lanata, entre otros.
En la presentación revelaron que ‘se estuvieron y se están realizando una interceptación de líneas telefónicas y almacenamiento de datos provenientes Whatsapp, mails, mensajes de texto, en los teléfonos celulares y computadoras‘ contra quienes ‘mantienen posiciones críticas o independientes al gobierno nacional‘. ‘Esto demuestra que el cambio de nombre de la Secretaría de Inteligencia (SI) por Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue maquillaje y que fue la propia Presidenta (Cristina Fernández) a través de (Oscar) Parrilli la que habría ordenado que se viole la Constitución espiando a la Corte Suprema, jueces federales, candidatos opositores, periodistas y personalidades que han expresado su disconformidad con acciones del gobierno‘, advirtió Alonso.
La denuncia fue radicada en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de Emiliano Canicoba Corral y el fiscal Rodolfo Domínguez y los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires, que por sorteo recayó en el juzgado federal N°7 de Sebastián Casanello, respectivamente.