Buenos Aires, 26 de noviembre.- La denuncia está originada en las diversas informaciones periodísticas publicadas en el día de ayer, mediante las que se tomó conocimiento público de que el magistrado tendría una participación accionaria (20%) en la firma "MANSUE S.A.", dedicada a la venta de combustible.

Según trascendió, el accionista mayoritario de esa empresa es un familiar directo suyo, Carlos Alberto Bonadio, quien posee el 40% de la empresa. Completan la composición accionaria Fernando y Alejandro Climent con un 20 % cada uno.

En la denuncia se especifica que Bonadio "no podría formar parte de la sociedad respectiva toda vez que el reglamento para la justicia nacional no le permite a los magistrados ejercer el comercio o actividad lucrativa alguna sin autorización de la autoridad de superintendencia, en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal".

Asimismo, en la presentación se destaca que "de acuerdo a las noticias que tomaron estado público, la firma en la que es accionista Bonadio no habría presentado ante la Inspección General de Justicia los balances correspondientes a los años 2011 y 2012, y que al desconocerse por ende el estado financiero de la empresa, tampoco resulta posible efectuar un certero y completo análisis de la evolución patrimonial del magistrado".

A esto se suma además que Fernando y Alejandro Climent tendrían como actividad el asesoramiento de sociedades anónimas y que participarían junto a Carlos Alberto Bonadio en otra empresa denominada "GAS LANUS S.A.", que al igual que "MANSUE S.A." se dedicaría a la venta de combustible.

Por todo esto, Fuente solicitó que se lleve adelante una "profunda" investigación en relación a la evolución patrimonial del juez Bonadio a efectos de determinar si pudo haber existido un incremento no justificado en su situación económica.

La denuncia del legislador pide, entre otras medidas, que se le dé intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF) frente a la posible comisión del delito de lavado de dinero.

El magistrado interviene en varias causas que involucran a funcionarios nacionales, entre ellas la de la firma Hotesur, que administra los hoteles de la presidente Cristina de Kirchner, por la cual ordenó allanamientos la semana pasada.