La tensa relación del Gobierno con la CGT no se ha descomprimido con la firma del decreto que autoriza aumentos de 5% para los trabajadores privados a cuenta de lo que cada sector negocie cuando se activen las cláusulas de revisión de sus acuerdos paritarios. Esto apenas logró un compás de espera de la central obrera que ayer ratificó que "si no hay una respuesta positiva" del parte del Ejecutivo de Mauricio Macri a cinco puntos clave que reclama, la convocatoria a un paro general "es inevitable".

Así lo hizo saber ayer el triunviro, Carlos Acuña: "Si el martes el Gobierno no ofrece a la CGT una "respuesta positiva" a los pedidos, en la reunión del jueves, el consejo directivo por unanimidad quiere el paro, ya lo queríamos", advirtió el gremialista en declaraciones a radio Mitre.

El líder del gremio de estaciones de servicio recordó que "la CGT había decidido convocar a un paro" y que "el gobierno, sabiendo de esta situación, convocó a una reunión para tratar de evitarlo", encuentro que se produjo el jueves, antes de una reunión del consejo directivo en la que se preveía que se definiera la fecha del paro general. "Queremos trabajar, no queremos parar. Pero, ante la pérdida de poder adquisitivo, de puestos y fuentes de trabajo en Pymes, comercio e industria nacional, había que hacer una protesta", evaluó Acuña. Tras la reunión con el gobierno, el Consejo Directivo de la CGT se reunió y definió pedidos para que el gobierno responda en una nueva cumbre, que se realizará el martes que viene.

> >  Los cinco puntos del reclamo:

La CGT exigió "una norma concreta que evite los despidos y suspensiones en los sectores público y privado durante seis meses; la reapertura de las paritarias ya cerradas y sin las limitaciones del 15% -también para las que aún se discuten-; la eliminación del impuesto a las ganancias sobre la cuarta categoría para abonar el aguinaldo; la devolución total y urgente de los fondos de gastos de salud de las obras sociales sindicales y la firma de un compromiso para que no se produzcan cambios en la Ley de Contrato de Trabajo". Es decir, que se excluya el capítulo de la reforma laboral que prevé modificar los cálculos en las indemnizaciones.

La Casa Rosada dio ya garantía de que cumpliría con dos de esos cinco puntos: convalidará aumentos adicionales de hasta 5% entre julio y agosto, antes del plazo de revisión fijado en el acta paritaria. Es decir, es la oficialización del adiós a la pauta de referencia de 15% que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, buscó imponer hasta la semana pasada.

La otra concesión oficial sería descartar el capítulo referido al cálculo de las indemnizaciones que incluyó en su iniciativa laboral y que está en el Senado desde el 27 de abril pasado. Excluyendo ese ítem, que es el más resistido, se le daría luz verde para avanzar con el blanqueo laboral y la creación de una agencia de evaluación de tecnología médica, dos iniciativas que el oficialismo elaboró casi codo a codo con los gremios y que también contaría con el respaldo del bloque del PJ.

Hasta el martes, el Gobierno explorará un acuerdo con los empresarios para determinar la viabilidad de reflotar una suerte de pacto antidespidos, como sucedió en 2016. Aquella experiencia, sin embargo, no resultó y hubo sectores que lo incumplieron. También se evalúa una gran convocatoria a un diálogo social, con empresarios y gremialistas.

Lo que ven más difícil de cumplir es exceptuar el pago de Ganancias del medio aguinaldo próximo a pagarse.

El ingreso a las arcas de Estado por el pago de Ganancias de la cuarta categoría es un componente fuerte dentro de la recaudación y clave en épocas de vacas flacas y en medio de ajuste fiscal que tendrá que ir más profundo a la luz del acuerdo con el FMI.

Con este panorama incierto parece cuesta arriba para el Gobierno frenar el paro de la CGT que desde muchos sectores vienen reclamando.