La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado el proyecto que promueve el fortalecimiento de la industria autopartista impulsado por el Bloque Justicialista y que contó con los votos de la coalición oficialista Cambiemos, como así también del Frente Renovador y del Frente para la Victoria.
Con 197 votos positivos y 4 negativos fue sancionada en una sesión especial la propuesta que prevé beneficios impositivos a las terminales automotrices que incorporen a su producción autopartes de fabricación nacional. La ley otorga un reintegro a través de un bono electrónico de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales, ingresos brutos y tasas provinciales cuando la incorporación de autopartes nacionales por parte de las terminales alcance un nivel mínimo de integración local.
Durante el debate, el peronista disidente y dirigente del gremio automotriz SMATA Oscar Romero, promotor de la ley, señaló que la apuesta ‘es tener 120.000 puestos nuevos (de trabajo) cuando la integración nacional de vehículos crezca del 20 al 30 por ciento‘.
Si el Senado aprueba definitivamente el proyecto, el Estado bonificará con una ayuda impositiva que va del 4 al 15 por ciento a las industrias que utilicen insumos de fabricación nacional en el sector automotriz, en base al nivel de integración nacional que tenga la autoparte.
Podrán solicitar la adhesión al régimen las personas jurídicas fabricantes de los productos automotores. Incluye a automóviles, utilitarios, comerciales livianos, camiones, ómnibus, remolques y semi-remolques, maquinaria agrícola y vial autopropulsada, motores de combustión interna, híbridos u otros, cajas de transmisión y sus componentes. Las empresas deberán presentar una declaración jurada con la cantidad de trabajadores mensuales promedio en relación de dependencia, debidamente registrados.
Según la iniciativa, los beneficiarios podrán solicitar de manera anticipada hasta el 15 por ciento del beneficio total previsto durante los primeros cinco años del programa de producción aprobado para destinarlo al desarrollo de proveedores. También se determinó que los bonos electrónicos de crédito fiscal podrán ser aplicados para el pago del Impuesto a las Ganancias, Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, Impuesto al Valor Agregado e Impuestos Internos.
El incumplimiento del acuerdo prevé la suspensión en el goce del beneficio por un período de entre dos meses y un año. También incluye multas cuyo monto no podrá exceder el 50 por ciento del importe total recibido. La Jefatura de Gabinete está autorizada a reasignar los créditos presupuestarios necesarios a fin de dar cumplimiento de la ley, durante el primer año de vigencia. Según el proyecto, en una década el 55 por ciento de las autopartes deberán ser de fabricación nacional.
La iniciativa contempla la entrega de un bono de crédito fiscal que variará de acuerdo con la cantidad de piezas nacionales que utilicen en el ensamble de cada vehículo, ya que el propósito es que se incremente del 20 al 30 por ciento. El proyecto prevé la entrega de crédito fiscal a las terminales que podrá ser utilizado o cedido a terceros para el pago de impuestos, bajo el compromiso de mantener la plantilla de personal.
Las autopartistas también deberán cumplir con un ‘Contenido Mínimo Nacional‘ en sus productos, que será del 30 por ciento en automóviles y utilitarios, 25 por ciento para vehículos comerciales livianos, camiones y ómnibus, y 15 por ciento para motores.
La iniciativa también establece que en caso de una crisis de una empresa que tenga ese beneficio y deba reducir personal, se conformará una comisión entre el gobierno, los directivos y el gremio para ver qué resolución adoptarán. Télam y DyN