Los 19 guerrilleros que habían sido recapturados en el aeropuerto de Trelew (Chubut), cuando intentaban abordar un avión que los llevaría a Chile, eran fusilados hace 50 años por efectivos de la Armada en la base Almirante Zar. El histórico acontecimiento fue conocido como la Masacre de Trelew.
Sólo tres de esos militantes de izquierda lograron sobrevivir para dar testimonio de ese crimen colectivo ocurrido el 22 de agosto de 1972, que anticiparía el plan sistemático de terrorismo de Estado que iba a aplicarse en el país durante la segunda mitad de la década de los "70.
Una semana antes, se había puesto en marcha un ambicioso plan esbozado por militantes de organizaciones armadas. Entre ellas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el marxista-leninista Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros. La idea era un ambicioso plan de fuga de la prisión de Rawson (Chubut), para liberar a más de un centenar de presos políticos.
Por algunos errores de ejecución de los grupos que debían prestar apoyo logístico desde afuera del penal, la evasión completa de todos los guerrilleros se frustró.
Sólo pudieron escapar seis jefes guerrilleros: Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Menna (del ERP), Carlos Osatinsky, Roberto Quieto (FAR) y Fernando Vaca Narvaja (actualmente tiene 74 años), de Montoneros, quienes salieron del penal y lograron subir a un avión que había sido tomado por militantes en el aeropuerto de Trelew.
El segundo grupo de evadidos que llegó desde el penal a la terminal aérea no logró alcanzar ese vuelo, que concluyó su periplo en el Chile que gobernaba el socialista Salvador Allende.
Sin embargo, los guerrilleros se desplegaron por el aeropuerto y lo tomaron para negociar luego una rendición con los efectivos militares.
Tras horas de negociaciones, los 19 guerrilleros, que integraban varias de las organizaciones armadas que luchaban contra la dictadura militar que presidía Alejando Lanusse, fueron trasladados a la base Almirante Zar (Trelew) por efectivos de la Armada.
Al llegar a la unidad, en la noche del 15 de agosto, quedaron alojados en ocho celdas. A pesar de no haber logrado escapar, el operativo constituyó un duro golpe para el régimen militar.
Durante los dos primeros días, los militantes comían e incluso se animaban a charlar con sus carceleros. Pero el 17 de agosto las cosas comenzaron a cambiar. En los primeros interrogatorios que les formularon, los marinos no habían obtenido información significativa de parte de los detenidos.
Las requisas se incrementaron y la guardia pasó a estar a cargo de suboficiales, que colocaron dos ametralladoras pesadas a ambos lados del pasillo. El capitán Luis Sosa y el teniente Roberto Bravo estaban a cargo de los prisioneros y de los interrogatorios, que con el correr de las horas se volvían más ríspidos.
A Pedro Bonet, militante del ERP, le pusieron un arma en la mesa cuando comía mientras uno de los oficiales lo provocaba: "Dale. Agarrala que te vuelo la cabeza".
En la madrugada del martes 22 de agosto, Sosa y Bravo encabezaron otra requisa furibunda, para luego ordenar a los presos que salieran de las celdas.
Entonces se sucedieron las detonaciones, que venían desde una de las ametralladoras. En medio de la balacera, los militantes buscaron refugio en sus celdas, y lo marinos entraron en los cubículos para rematarlos.
Bravo entró a la celda de Alberto Camps (FAR) y Mario Delfino (ERP) y les preguntó si iban a prestarse a ser interrogados. Ambos se negaron y fueron baleados: Delfino murió, pero Camps, herido en el vientre, logró sobrevivir. María Antonia Berger y Ricardo Haidar, ambos de Montoneros, también lograron sobrevivir.
Los militares ensayaban una versión que justificara esos asesinatos. "Tenemos que decir que quisieron fugarse. No se olviden. (Mariano) Pujadas, de Montoneros, le quiso sacar la pistola al Capitán (Sosa) y tuvimos que disparar".
Entre los asesinados estaba Ana María Villarreal de Santucho (compañera del líder del ERP, Mario Roberto Santucho). Berger, Haidar y Camps lograron dar testimonio de los hechos, pero serían desaparecidos años después, durante la dictadura de 1976.
Tras los sucesos de Trelew, el presidente Allende decidió que no podía entregar a los seis jefes guerrilleros que habían escapado a Chile porque las fuerzas argentinas, dijo, "habían perdido el honor", y entonces autorizó su traslado a Cuba. Télam
Archivos secretos
El presidente Alberto Fernández dispuso ayer la desclasificación de las "Actas de reunión de la Junta de Comandantes en Jefe en función de gobierno (1971-1973)", que contienen "gran valor histórico y documental" y que fueron halladas en dependencias de la Fuerza Aérea Argentina en mayo de 2018
El largo recorrido judicial de los familiares
Familiares de las víctimas de la masacre recorrieron un largo camino para hallar justicia por los militantes asesinados, y aún aguardan que el marino Roberto Bravo, quien reside en EEUU, donde recibió una condena civil por su responsabilidad en los fusilamientos, sea finalmente extraditado a Argentina.
En medio de los convulsionados años "70, la Armada se encargó de resguardar a Bravo, quien fue enviado a Estados Unidos como parte de la agregaduría naval de Argentina en ese país en 1973.
En 2006, la Justicia decidió que ese asesinato colectivo debía ser investigado y se ordenó el inicio de una instrucción. Un año después, el juez federal de Chubut Hugo Sastre inició una investigación y una de sus primeras medidas fue convocar a declarar al médico Lisandro Iván Lois, quien completó en su momento los certificados de los muertos en Almirante Zar.
El Tribunal Oral y Público de Comodoro Rivadavia ordenó que se solicite la extradición de Bravo, quien aún reside en los Estados Unidos, donde se convirtió en un próspero empresario que obtuvo contratos con el Departamento de Defensa.
A pedido de la justicia argentina, Bravo resultó detenido en febrero de 2010 en los Estados Unidos, pero su extradición fue rechazada por los tribunales de ese país.
En febrero de 2014 el juez federal de Chubut Hugo Sastre reiteró la petición para que el exmarino compareciera ante la Justicia argentina.
A fines de 2019, Bravo fue detenido por orden de la Corte del Distrito Sur del estado de Florida y para poder esperar en libertad la resolución del caso depositó una fianza de cinco millones de dólares. El 9 de marzo de 2020 se realizó una audiencia en la Corte de la Florida y el fiscal Jason Wu se pronunció en favor de la extradición de Bravo. La decisión está en manos del juez Edwin Torres, quien no tiene plazos legales para expedirse sobre la cuestión, y desde entonces los familiares aguardan que Bravo sea enviado a Argentina.