El Gobierno nacional de Mauricio Macri busca expulsar a extranjeros detenidos por la jornada de violencia que se registró el miércoles pasado en los alrededores del Congreso mientras los diputados nacionales debatían el Presupuesto 2019.

Al término de una reunión de Gabinete en Casa de Gobierno encabezada por Macri, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, anunció ayer que el Gobierno "está en contacto" con el juez y la fiscalía "para que sean deportados lo antes posible" los dos venezolanos, el paraguayo y el turco detenidos por "hechos de violencia" cerca del Congreso.

Frigerio aclaró que "a cargo del operativo de seguridad estuvo el Gobierno de la Ciudad" por lo que las autoridades nacionales no tienen conocimiento de "a quiénes responden esos grupos violentos" que "claramente intentaron poner en riesgo el ejercicio de la democracia que se plasma en el Congreso". "Repudiamos todos los hechos de violencia y esperamos que la Justicia logre hallar quiénes son los que incentivan a esos grupos de violencia", subrayó. El ministro del Interior aseguró que "claramente, como en diciembre pasado, se intentó suspender una sesión el Parlamento, una acción que, por suerte, no tuvo éxito".

Los incidentes del miércoles dejaron 27 detenidos, nueve policías heridos y cuantiosos daños al patrimonio público. En ese marco, el Gobierno nacional anunció que pedirá juicios abreviados a los ciudadanos extranjeros que participaron de los disturbios para lograr su inmediata deportación, mientras la Ciudad anunció que planteará demandas civiles y penales contra los activistas que rompieron bancos y mobiliario urbano para atacar a la policía.

La Plaza del Congreso, que quedó destrozada, fue escenario de las principales refriegas entre manifestantes y policías mientras los diputados debatían el proyecto de Presupuesto para 2019, que cuenta con gran rechazo entre parte del abanico político y social por los ajustes que conllevará.

Estas recientes protestas remitieron a las ocurridas en el mismo lugar en diciembre, cuando manifestaciones contra la reforma de la Ley Previsional derivaron en daños aún peores al patrimonio público.

"Hubo un intento de tomar el Congreso para que la sesión no se realizara", dijo ayer la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y apuntó que "la manifestación (del miércoles) estaba preparada con armas y todo tipo de elementos para impedir la sesión".

Según fuentes del operativo de seguridad, hubo 27 detenidos -que ya recuperaron su libertad- y se recolectaron filmaciones que muestran como distintos grupos atacaron con piedras, palos y artefactos de pirotecnia a la guardia instalada en torno al Congreso.

Por su parte, el jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, dijo que los actos de violencia del miércoles pasado constituyeron un "hecho casi preinsurreccional" y consideró que el objetivo del kirchnerismo fue "bloquear la sesión" de debate del Presupuesto.

La ley de migraciones 25.871 establece en su artículo 64 cuáles son los "actos administrativos de expulsión firmes y consentidos dictados respecto de extranjeros que se encuentren en situación irregular". Entre ellos menciona el caso de los "extranjeros sometidos a proceso, cuando sobre los mismos recayere condena firme de ejecución condicional". Por eso, para poder expulsar al turco Baran Anil, de 27 años; el paraguayo Luis Fretes, de 36; y los dos venezolanos, Felipe Uleo, 31, y Víctor Ulea, 23, el Gobierno necesita que la Justicia haya probado que cometieron un delito. Ese es el motivo que llevó a Frigerio a pedir un "juicio abreviado", un procedimiento especial que permite acelerar los procesos penales y funciona como una opción diferente a los juicios orales y públicos. Télam

Daño colateral

11 millones de pesos costarán las reparaciones en la Plaza del Congreso tras los destrozos por los incidentes durante el tratamiento del Presupuesto 2019, según estimó el Gobierno de la Ciudad.