El Gobierno defendió hoy al subsecretario General de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, acusado de haber ocultado 1.2 millones de dólares en un banco privado de Andorra, que no registró como debía en su declaración jurada patrimonial.

“Diaz Gilligan habló hoy, él no tiene una empresa off shore, el fue asesor de varias empresas a lo largo de su vida y es una situación previa a ser funcionario de la Ciudad y en el Gobierno Nacional”, dijo Fernando De Andreis, su jefe directo y secretario General de la Presidencia.

El funcionario, además, manifestó que como viene sucediendo en otros caso, “todo está a disposición de la Justicia y también a disposición de la Oficina Anticorrupción”.

 

“Estamos tranquilos con las explicaciones que viene dando, él no tiene empresas, asesoró a empresas argentinas y extranjeras, entiendo que esta es inglesa”, sostuvo.

El diario El País de España publicó anoche una investigación que comprometía a Díaz Gilligan. Allí, informa que el funcionario del gobierno de Macri figuró como representante y accionista de una empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol Line Action, que a su vez pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc.

La cuenta donde se depositaron los 1,2 millones de dólares fue abierta en 2012, cuando Gilligan asesoraba al gobierno del PRO en la Ciudad y se mantuvo activa, reconstruyó el diario español, hasta diciembre de 2014, cuando el político era director general de promoción turística de la ciudad.

En Andorra regía el secreto hasta hace poco el secreto bancario, por eso era el destino elegido por muchos empresarios para depositar fondos lejos de los ojos judiciales.

Tras el revuelo internacional por la cuenta bancaria, Diaz Gilligan salió a dar explicaciones y dijo que el dinero no era suyo, sino que figuró en esa cuenta por pedido de un amigo suyo, el empresario del fútbol Francisco "Paco" Casal.

Dijo: “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco (DGI) que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo”, dijo a El País.

El funcionario agregó: “Pedí que me sacaran. No me parecía bien continuar, ya ocupaba un cargo político. Tenía una exposición pública, no quería estar en una sociedad donde no tenía ningún control. No había incompatibilidad, no era ilegal, pero era una actividad que, además, no me generaba ningún ingreso”.