¿Y los gremios? Peña negó que para el Gobierno el sindicalismo sea "un escollo" y subrayó que esta gestión no trabaja "en contra de un sector o de una persona". "No consideramos escollo a ningún sindicato ni a ningún sindicalista", explicó.

 

El Gobierno finalmente no convocará a sesiones legislativas extraordinarias en febrero, por lo que el debate de la controvertida reforma laboral, la reforma política y de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, que impulsa el presidente Mauricio Macri, se postergará al menos hasta marzo, cuando el Congreso retome su actividad.

Después de la primera reunión de Gabinete que encabezó el Presidente ayer, el jefe de ministros, Marcos Peña, dijo que el Gobierno dio marcha atrás en su intención de tratar en febrero el proyecto, que apunta a bajar costos para las firmas y promover la regularización o blanqueo de trabajadores no registrados.

El proyecto ha generado críticas de gremios, que lo ven como un intento de flexibilización.

"Hemos escuchado a los distintos bloques parlamentarios que creen que se puede debatir en sesiones ordinarias de una manera más extensa, construir mayores consensos. Nosotros no tenemos ningún problema en ese sentido", explicó Peña en una conferencia de prensa.

Si bien Peña dijo que el proyecto que ingresó al Senado a fines del 2017 fue consensuado con la CGT, la mayor central obrera del país, en las últimas semanas líderes sindicales y de la oposición lo han cuestionado.

La discusión de la ley de reforma laboral, empantanada en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores.Tanto el oficialismo como la oposición reconocen que ese tema que busca generar empleo sólo será discutido si cuenta con la anuencia de las centrales obreras.

En este sentido, Peña aclaró que el proyecto de reforma laboral enviado al Congreso se logró mediante "un amplio acuerdo con la CGT" a nivel institucional, más allá de la opinión de algunos sindicalistas sueltos, pero que en caso de que la central decida revisar algunos puntos, las autoridades están "dispuestas a discutirlos", pero entendemos que es un proyecto muy beneficioso para los trabajadores", definió.

Peña entonces elogió la iniciativa, y enumeró los que a su entender son sus beneficios. "Es muy bueno hablar de un blanqueo" para luchar contra la informalidad así como "hablar de extender licencias en el caso de paternidad" o "hablar de mejoras en capacitación para los trabajadores frente a los desafíos que implica esta transformación productiva y tecnológica que estamos viviendo en el mundo", remarcó."

Sobre la reforma política Peña confirmó que el gobierno insistirá en conseguir "consensos" para lograr la aprobación del proyecto frenado por el peronismo en el Senado desde noviembre de 2016.

El Gobierno insiste en poner sobre la mesa el debate sobre la utilidad de las PASO que demandaron al Estado en 2017 unos 2.700 millones de pesos, la implementación de la boleta única electrónica y aspectos vinculados al financiamiento de los partidos políticos.

"Sobre la reforma política, primero lo trabajaremos en nuestro espacio, Cambiemos, y, después, en el Parlamento", confirmó Peña.

Por otro lado, la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, que recorta poderes del Procurador y elimina fiscalías especializadas, aún sigue sin obtener dictamen de comisión.

La norma fue impulsada por el Ejecutivo, pero redactada por el presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, y por el jefe del bloque peronista, Miguel Angel Pichetto, para limitar la discrecionalidad de la exprocuradora y fundadora de la agrupación Justicia Legítima, Alejandra Gils Carbó, quien renunció a fines de 2017. Otra proyecto que ingresó al Senado, pero que aún no pasó por ninguna comisión, es el de reforma del mercado de capitales, que ya fue aprobada por Diputados. La ley de extinción de dominio, en cambio, cuenta con dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, pero aún no llegó al recinto porque que el PJ pretende un compromiso de Diputados para que la norma no sea modificada por la Cámara baja.

 

Paritarias, al 15%

En su primera y extensa conferencia de prensa del año, Marcos Peña remarcó que "las paritarias son libres", pero subrayó que, en las negociaciones, el Gobierno apostará por lograr compromisos para cumplir "la meta del 15 por ciento" de inflación fijada para este año. No se definió acerca de si este año habrá cláusula gatillo.

 

Reducirán los cargos políticos 20%


Otro de los anuncios importantes de Marcos Peña tiene que ver con el plan de Macri de ajuste del Estado que para empezar llegará con una reforma de la Ley de Ministerios que busca una reducción de al menos el 20%

del número de cargos políticos en los ministerios. "Vamos a anunciar en las próximas semanas una nueva organización de la Ley de Ministerios que va a reflejar esa reducción. De mínima va a ser del 20 % de reducción de cargos políticos, pero probablemente sea en algunos casos hasta mayor", señaló Peña, que apeló al "esfuerzo" que a su juicio tiene que hacer "todo el sector político" no sólo en el ámbito nacional, sino también en las provincias y los municipios.

 

Paños fríos a la no visita del Papa


Sobre la eterna polémica por la no visita del papa Francisco a la Argentina, Marcos Peña aseguró que el Gobierno no considera que haya detrás "ninguna cuestión política", y remarcó que el pontífice "no necesita invitación" para venir al país, aunque planteó que "sería buenísimo para todos que pudiera venir". Peña afirmó que Francisco sabe que "la Argentina es su casa y su tierra", con lo cual "no necesita invitación" para visitar el país. "Él considerará el momento y la mejor oportunidad para visitarnos y reiteramos que lo esperamos con el corazón y lo brazos abiertos", aseveró y convocó a "tomar la dimensión histórica de entender el valor que significa tener un papa argentino".