El Gobierno de Mauricio Macri, a través de la Oficina Anticorrupción (OA), pidió ayer a la Justicia que cite a declarar al exjefe de la AFIP y actual Auditor General de la Nación (AGN), Ricardo Echegaray, como acusado de cometer delitos en el salvataje de la ex Ciccone Calcográfica, caso en el que está procesado el exvicepresidente Amado Boudou.
La OA, que conduce Laura Alonso, consideró en un escrito que Echegaray perpetró ‘negociaciones incompatibles con la función pública‘ y ‘facilitó con su intervención la maniobra delictiva que concluyó en la adquisición irregular de la calcográfica por parte del exvicepresidente Boudou y sus cómplices‘.
En la causa están imputados, además, de Boudou, Alejandro Vandenbroele, señalado como su presunto testaferro; José María Núñez Carmona, socio e íntimo amigo de Boudou; Guido Forcieri, jefe de gabinete de Boudou en el Ministerio de Economía; Nicolás Ciccone, cofundador de la imprenta, y Rafael Resnick Brenner, jefe de gabinete del extitular de la AFIP.
Echegaray ya declaró como testigo en el expediente y se desligó de Boudou y el resto de los acusados, pero ahora la OA, que actúa como querellante, quiere que sea imputado.
Tras describir supuestas relaciones del exjefe de AFIP con cuestiones y protagonistas del caso, la OA afirmó que ‘la actitud encarada por Echegaray (…) nos permite afirmar la existencia de una yuxtaposición de intereses (público y particular)‘, según informó el ente en un comunicado.
‘Por un lado, alegaba actuar como férreo representante del Fisco, levantando la quiebra de Ciccone enarbolando una presunta gestión recaudatoria, y por otro beneficiaba intereses particulares de terceros, tales como los del exvicepresidente de la Nación y sus cómplices‘, aseveró el organismo. Y añadió: ‘En efecto, se condicionó la actuación regular de la AFIP con el objeto de favorecer negocios particulares y espurios de funcionarios públicos de turno dejando de lado el real interés de la administración pública‘.
La OA sostuvo que ‘se observa que en el lapso de quince días en que The Old Fund SA adquiere la mayoría de la empresa calcográfica negocia el levantamiento de quiebra con la AFIP, sin que se haya realizado mínimamente una verificación de la situación real de la empresa que garantice algún pago efectivo‘.
Sostuvo que ‘resulta llamativo‘ porque ‘con anterioridad, la empresa Ciccone no podía obtener el visto bueno del organismo recaudador para finalizar su concurso preventivo‘.
El escrito añadió que esto ‘deja ver el aporte esencial de la AFIP en el pedido de quiebra de Ciccone y su posterior levantamiento‘.
Para la OA, la intervención de los funcionarios de AFIP ‘no es ajena al conocimiento de Echegaray‘. ‘Es que no puede contemplarse que el pedido efectuado por la empresa Ciccone respecto del levantamiento de quiebra ya aludido, a sólo una hora y media de presentado, haya resultado tan efectivo como para lograr el cambio de actitud por parte del Fisco cuando meses antes tuvieron que recurrir decisiones administrativas con el objeto de obtener un plan de facilidades que fueron rechazados por el mismo Echegaray‘, afirmó.
Así, la OA consideró que ‘el delito cometido por Echegaray es negociaciones incompatibles con la función pública‘.