�Tras años de una larga y enconada disputa judicial, Argentina dio hoy a las 0:55 un paso clave en su intento de salir del default después que el Senado convirtiera en ley, con 54 votos a favor y 16 en contra, el proyecto que autoriza al gobierno de Mauricio Macri pagar a los fondos buitre que no entraron al canje de 2005 y 2010. Los senadores sanjuaninos Marina Riofrío (FPV) y Roberto Basualdo (CF), apoyaron. Ruperto Godoy (FPV), lo rechazó.
Ahora, el Ministerio de Economía tiene luz verde para cerrar el acuerdo con los bonistas que en 2014 habían obtenido un fallo favorable a sus reclamos de pago, sin quita de capital, más intereses, de parte del juez, federal de Nueva York, Thomas Griesa.
Argentina tendrá hasta el 14 de abril para pagar a los holdouts, aunque ese plazo podría postergarse porque una corte de apelaciones de Nueva York debe aprobar la operación en una sesión prevista para el 13 de abril, que podría no dejar tiempo para concretar el pago.
Con el respaldo del sector de la bancada del PJ-FPV que se alinea con los gobernadores de ese signo político y de la mano de un sector del peronismo, Mauricio Macri se anotó su primer triunfo político a nivel parlamentario.
En el debate que se inició cerca del mediodía, el peronismo expuso sus divisiones internas a partir de las distancias con el gobierno macrista, que por ahora parece haber encontrado el camino para disciplinar y lograr el respaldo de los gobernadores de la mayoría de las provincias, que quedaron expresados en el rechazo de algunos y el apoyo de otros al proyecto que deroga la ley de pago soberano y la ley cerrojo.
El radical mendocino Julio Cobos fue el encargado de informar, como vicepresidente de la comisión de Presupuesto, el proyecto en cuestión y asegurar que el pago a los holdouts no genera ‘nueva deuda‘. Después, dijo que el gobierno ‘está haciendo todo lo posible para cumplir con la sentencia judicial‘ para sacar al país del default y aseguró que -pese a existir el plazo del 14 de abril para efectuar el pago de 11.684 millones de dólares- ‘los tiempos los ponemos nosotros‘, para luego precisar que si todos los bonistas aceptasen la oferta argentina se terminará pagando un interés del 4,8 por ciento, una tasa menor que el 7% que el gobierno de Cristina Fernández le pagó al Club de París. A lo largo de la jornada, aparecieron las críticas al proyecto -en especial, pero no las únicas, provenientes de los sectores del kirchnerismo- al que le adjudicaron que abre la posibilidad de ingresar en un nuevo ciclo de endeudamiento del país, la falta de información precisa sobre el monto real a pagar, así como la falta de garantías de que no se abra un nuevo proceso de juicios tanto por los holdouts como por los bonistas que sí ingresaron en los canjes anteriores, entre otras cuestiones. Entre los que se pronunciaron en contra al proyecto, se encuentran varios peronistas como la kirchnerista santacruceña María Ester Labado, su coterránea Virginia García (cuñada de Máximo Kirchner), la mendocina Anabel Fernández Sagasti, la chubutense Nancy González, las riojanas Teresita Luna e Hilda Aguirre, entre otras. Además se opusieron senadores del PJ-FPV Juan Manuel Abal Medina (presidente de la comisión de Presupuesto), el sanjuanino Ruperto Godoy, el puntano Daniel Pérsico, el chaqueño Eduardo Aguilar, pero también el jefe de Proyecto Sur, Fernando Solanas. Entre los peronistas que estaban a favor de la iniciativa se expresaron el salteño Rodolfo Urtubey (hermano del gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey), quien, como jurista, estimó que ‘la litigiosidad ha quedado muy acotada‘ aunque admitió que ‘no eliminada‘ y, a diferencia de Labado, sostuvo que es conveniente ‘la eliminación de la Ley Cerrojo, porque cumplió su función histórica‘ que en su momento convenció a bonistas.