Buenos Aires.- El macrismo intentará llevar al recinto del Senado el miércoles 29 de junio el proyecto por el cual se apunta a saldar deudas con un sector de los jubilados y habilitar un nuevo blanqueo de capitales, aprobado hoy en la Cámara Baja.
Para ello, tiene previsto comenzar a analizar el proyecto el próximo martes en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social (que será cabecera y preside el peronista pampeano Daniel Lovera), de Presupuesto y Hacienda, de Coparticipación Federal e Impuestos y de Economía Nacional de la Cámara Alta, a partir de las 17, informaron fuentes legislativas.
La intención del macrismo, apoyado en los resultados que viene obteniendo en ambas Cámaras Legislativas, es que al día siguiente, el miércoles 22, se emita dictamen del plenario de las comisiones y siete días después se lleve el mismo despacho al recinto, indicaron las fuentes mencionadas.
La iniciativa impulsa la declaración de una emergencia en litigiosidad previsional con el objetivo de que la ANSES establezca acuerdos con los jubilados que están en juicio, por mala liquidación de haberes, para cerrar esa instancia a cambio del pago requerido.
De esa manera, el beneficiario recibirá el pago en dos tramos, un 50 por ciento en efectivo y el resto en 12 cuotas trimestrales consecutivas y actualizadas. La idea es financiar los referidos pagos, así como la actualización de los haberes jubilatorios y la Pensión Universal a la Vejez, que también crea esta ley ómnibus, con los fondos que el gobierno espera obtener del blanqueo de capitales, que contempla la misma norma a tratar.
La misma propuesta deja abierta la puerta para la futura venta de acciones de empresas privadas que el Estado argentino obtuvo, en 2008, tras el proceso de eliminación del llamado sistema de capitalización que derivó en la estatización de las AFJP y la vuelta a un sistema estatal de reparto.
De la posibilidad de blanquear capitales quedan excluidos los funcionarios de los tres poderes del Estado y en todos los niveles (nacional, provincial y municipal) y, también, es extensiva esa prohibición a padres, cónyuges e hijos.
La iniciativa tenía, también, un polémico artículo que establecía la pena de prisión para quien difundiera información sobre quienes se acojan al blanqueo, pero ante las críticas originadas porque involucraba a periodistas, se resolvió excluirlos en forma explícita de esa pena.
El proyecto también dispone que el Ejecutivo Nacional se haga cargo de los déficits de las cajas previsionales, al extender por 90 meses la moratoria a 13 provincias que no las trasfirieron.
Esa medida provocó un alivio para los gobernadores, en especial los del PJ, y fue otro punto que allanó el respaldo de los sectores del FpV-PJ que se referencia en los jefes provinciales, como el titular del bloque de senadores nacionales, Miguel Pichetto.