Tras un giro en el caso de presunto espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri, Alberto Fernández salió a cuestionar al Poder Judicial.

A través de Twitter, el presidente consideró ayer que "es muy difícil hacer una mejor democracia y una República más sólida con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos o corporativos".

"Es imperioso abordar cambios que le devuelvan a la Justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder", señaló Fernández.

Las publicaciones de Fernández se producen tras la decisión adoptada el viernes por la Cámara Federal de Casación Penal, que dispuso que la causa por espionaje ilegal que involucra a exfuncionarios del gobierno de Macri pase a ser instruida en los Tribunales Federales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires. El caso de espionaje ilegal se había abierto en la Justicia de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

La decisión del máximo tribunal penal del país se produjo antes de que el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Auge, a cargo de la investigación, pudiera resolver la situación procesal de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, para quienes los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide habían reclamado sus procesamientos.

Arribas y Majdalani fueron jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Macri. Ambos están involucrados en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y el domicilio de la entonces senadora y actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner en 2018.

El expediente estará ahora en manos de la jueza María Capuchetti y tendrá como fiscal a Carlos Stornelli, quien se encuentra procesado por espionaje ilegal en una causa que se tramita en el juzgado federal de Dolores que encabeza Alejo Ramos Padilla.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, consideró ayer una "irregularidad" la posibilidad de que Stornelli, procesado por espionaje ilegal por Ramos Padilla, tenga participación en la causa por el mismo delito en el gobierno de Mauricio Macri.

Sólo una improbable intervención de la Corte Suprema de Justicia podrá evitar que el expediente se asiente definitivamente en Comodoro Py: lo solicitará el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, quien ya le anticipó sus pasos por escrito al juez Auge.

Fuentes judiciales sostuvieron, en diálogo con la agencia oficial de noticias Télam, que el máximo tribunal no suele hacer lugar a esos planteos porque sostiene que los conflictos de competencia deben ser dirimidos por el propio tribunal superior en materia penal, que en este caso es la Casación.

Dijo que "es muy difícil hacer una mejor democracia con jueces que acuden en socorro de sus mandantes políticos".