La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aconsejó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocar ‘por arbitraria‘ una sentencia que aplicó los precedentes del máximo tribunal del país para fallar a favor de un jubilado que reclamaba un ajuste de la prestación básica universal sin ‘valorar los hechos concretos‘ del caso, entre otros aspectos.
La Procuradora General, remarcó que ‘la determinación del derecho de cada persona individual no puede prescindir de su impacto sobre el derecho de los restantes jubilados‘ y consideró que los jueces tienen que analizar el impacto de las decisiones que toman en casos particulares en la ‘sustentabilidad‘ de todo el sistema, dijo, recordando fallos como el de ‘Adolfo Badaro‘, donde la Corte contaba con un ‘contexto normativo distinto‘ sin la ley de movilidad que ya regía cuando se dictó la sentencia ahora apelada, dijo.
El 26 de noviembre de 2007 la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno actualizar un 88,6% los haberes del jubilado Adolfo Badaro, que había demandado a la Anses. El porcentaje de ajuste equivale a la variación que registró el índice de salarios que mide el INDEC entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2006. Dicho caso, fue considerado como un “leading case” (un caso que se toma como ejemplo).