El 30 de octubre de 1983, el radical Raúl Alfonsín se impuso en las elecciones presidenciales con el 51,75% de los votos sobre el justicialista Italo Luder, quien obtuvo el 40,16%.
Se cerraba así no sólo la etapa de la dictadura cívico-militar más cruenta de la historia argentina, sino el largo ciclo de golpes de Estado que comenzó en 1930 con el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen.
Fue el triunfo definitivo de la institucionalidad democrática, que a pesar de las sombras y acechanzas, inauguró una etapa inédita en la política del país: la continuidad de los gobiernos elegidos por el voto popular -excepto el de Eduardo Duhalde elegido por la Asamblea Legislativa- sin las interrupciones impuestas por dictaduras militares.
La democracia no cayó del cielo. Fue el resultado de un largo proceso de resistencia al terrorismo de Estado que adquirió variadas formas en lo político, en lo social y en la lucha por los derechos humanos que erosionaron a la dictadura hasta el ocaso definitivo que le provocó la derrota en la guerra de las Malvinas.
Alfonsín sintetizó el anhelo democrático de las mayorías y cumplió con el juzgamiento a los miembros de la Junta Militar, pero no pudo avanzar en otras tareas que forman parte de la democracia como la inclusión social y la desarticulación del modelo neoliberal implantado por la dictadura. Fue asediado por los grandes grupos económicos y, en el límite, declaró la “economía de guerra”. Al mismo tiempo soportó las sublevaciones de los militares carapintadas que lo llevaron a imponer las leyes de obediencia debida y punto final, provocando un retroceso en materia de derechos humanos.
Los sucesivos paros generales de la CGT también demostraron que la situación de los trabajadores formaba parte de las tareas de una democracia inconclusa. En ese proceso, un hecho oscuro y no resuelto fue el copamiento del regimiento de La Tablada por un grupo armado que respondía al Movimiento Todos por la Patria cuya justificación fue que se estaba gestando un golpe de Estado. Sobre el final del gobierno de Alfonsín la hiperinflación, la ruptura de la cadena de pagos y los saqueos a los supermercados provocaron una crisis de tal magnitud que el entonces ministro de Economía, Juan Carlos Pugliese, apuntó a los grandes grupos empresarios con una frase antológica: “Les ofrecí el corazón y me contestaron con el bolsillo”. La crisis obligó a Alfonsín a adelantar el traspaso del mando presidencial y el justicialista Carlos Menem, triunfante en las elecciones, se hizo cargo del Poder Ejecutivo.
Menem había prometido el “salariazo”, pero profundizó el modelo neoliberal inaugurado por la dictadura hasta límites impensados, apuntalado por los grupos económicos que habían conspirado contra Alfonsín y con la dirección estratégica de su ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien traspasó la deuda externa contraída por los grandes empresarios al Estado. En ese camino, se privatizaron las principales empresas públicas; se crearon las AFJP que colocaron los fondos de los aportes jubilatorios en manos empresarias; más de un millón de empleados estatales optaron por el retiro voluntario y, Cavallo mediante, se equiparó al peso con el dólar, el 1 a 1, que generó la quiebra de miles de empresas de la industria nacional y multitudes de argentinos viajando a Miami en los tours del “deme dos”. En derechos humanos, Menem fue más a fondo en el retroceso e indultó a los jefes de la dictadura militar con el argumento de que había que “cerrar heridas del pasado”.

