El Fiscal federal Federal Ramiro González será el encargado de investigar el posible delito de desobediencia por parte del presidente Alberto Fernández y otros funcionarios implicados en la decisión del Poder Ejecutivo de no acatar -al menos por ahora- la medida cauteral de la Corte Suprema que ordenó devolverle a la Ciudad de Buenos Aires fondos de la coparticipación.

Así lo dispuso el juez Federal Daniel Rafecas, subrogante en el Juzgado número 6. El magistrado había designado para el caso luego del sorteo de la primera denuncia que llegó a los tribunales de Comodoro Py por presunto incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo.

Las denuncias de la presidenta del PRO Patricia Bullrich, la Coalición Cívica y otras serán acumuladas y unificadas en un solo expediente. Y, con el correr de los días, el fiscal González juntará pruebas y elementos que ayudarán a determinar si existió o no el delito de desobediencia.

La serie de denuncias se produjo luego de que el Gobierno anunció a través de un comunicado su decisión de no acatar el fallo y recusar a los jueces del máximo tribunal. Según sostiene la Casa Rosada la orden “es de imposible cumplimiento”. Los equipos legales del Gobierno presentarán antes del miércoles un pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.

La medida cautelar de la Corte le ordenó al Ejecutivo pagar el 2,95% de los fondos coparticipables a la Ciudad “en forma diaria y automática” mediante el Banco Nación.

Al plantear la revocatoria “in extremis” el Gobierno busca ganar algo de tiempo ya que la Corte resolvería sobre ese planteo recién en febrero. Se descuenta que el máximo tribunal lo rechazará y a partir de ese momento la medida sería de efectivo cumplimiento.

Fuente: TN