Para una gran mayoría de los argentinos, la existencia de un informe (Rattenbach) que evaluaba la actuación de la Junta Militar en la Guerra de Malvinas en 1982 era desconocida, menos podía imaginarse que nunca se hizo público su contenido y que fue archivado por 50 años como un ‘secreto de Estado’.
Ahora, ante la escalada en la crisis con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas del Atlántico Sur, la presidenta Cristina Fernández ordenó revelar su contenido pese que durante el gobierno de Néstor Kirchner no se apoyó el pedido de legisladores de la UCR para desclasificarlo. Hasta un proyecto de ley, en ese sentido, fracasó en el Congreso.
Treinta años después, el informe verá la luz, medida que celebró ayer Agusto Benjamín Rattenbach, hijo del general que encabezó la comisión que elaboró el informe en diciembre de 1982 a pedido del último gobierno de facto encabezado por Reynaldo Bignoni.
Según Rattenbach su padre quiso ‘darle una explicación al país‘ sobre lo sucedido en aquellos años y adelantó que en el informe ‘se analizó todo y aparece de todo‘.
Cuando la comisión terminó el informe se imprimieron apenas unas 13 copias que llegaron a altos mandos militares que resolvieron dejarlo en la oscuridad por lapidario. Calificó como una ‘aventura‘ la incursión militar en las Malvinas. Se había iniciado una guerra frente a una de las mayores potencias mundiales sin medir las consecuencias. También puntualizaba que todas las tareas de comunicaciones, logística y tácticas fueron ‘ineficientes‘. A la par, condenó el ‘exceso de optimismo, exitismo e incapacidad para la planificación de las operaciones bélicas‘ y el hecho de que se hayan enviado ‘conscriptos sin la debida capacitación‘. Y en sintonía con los resultados de la investigación se pedía un castigo ejemplar, la máxima contemplada por el Código de Justicia Militar.
Ese castigo era nada más ni nada menos que la pena de muerte para ex dictador y presidente de la Segunda Junta Militar, Leopoldo Fortunato Galtieri. La dureza de las conclusiones intimidó a los militares y Bignone cortó por los sano: mandó a archivarlo en dependencias del Estado Mayor Conjunto.
Un decreto secreto del 2 de diciembre de 1982 creó entonces la ‘Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico-Militares en el Conflicto del Atlántico Sur‘.
Pero, más que investigar lo pasado, el informe nació como respuesta a otro informe sobre la guerra que había elaborado el Reino Unido apenas terminó la contienda en el Atlántico Sur. El reporte oficial del Reino Unido, el ‘Informe Kershaw‘, reconoce que de no haber imperado el enfrentamiento bélico, se podría haber podido reconocer la soberanía a la Argentina a través de un acuerdo tipo ‘leaseback‘ (se cede la propiedad, pero con condiciones de explotación por un período determinado de tiempo). Hoy se duda que el pensamiento británico fuera en esa línea, pero entonces, no hizo más que alimentar las culpas entre la máxima jerarquía militar en Argentina.
Al ordenar desclasificar el informe, Cristina quiere demostrar que Guerra de Malvinas no fue una decisión de pueblo argentino.
Habrá que ver qué se cambió del informe original. Como adelanto, el hijo de Rattenbach contó que su padre le reveló, antes de morir, que los militares modificaron el informe para alivianar las críticas al capitán Astiz”.