Aunque el gobierno de Mauricio Macri se resistía a calificar la crisis política de Bolivia como un "golpe de Estado", la presión del presidente electo, Alberto Fernández, que bajó líneas a los legisladores peronistas del Congreso,

finalmente logró la declaración formal que el líder del Frente de Todos quería: el Parlamento argentino, tanto Senado como Diputados, aprobó un documento de repudio al "golpe de Estado" en Bolivia.

No hubo acuerdo entre los bloques y Cambiemos se abstuvo de votar el texto del PJ a pesar de haber presentado un proyecto consensuado por la mañana que condenaba lo sucedido con Evo Morales.

Luego de un largo debate, en la Cámara alta, el PRO votó en contra y la UCR se abstuvo, mientras que en la Baja todo el oficialismo se abstuvo salvo el diputado Lipovetzky, que votó a favor junto al PJ.

En Diputados y a mano alzada se impuso la declaración del Frente para la Victoria, mientras que en el Senado el peronismo ganó con 29 votos a favor, 8 en contra y 4 en contra.

En la Cámara baja, en una sesión especial convocada por la oposición, no hubo consenso previo y fueron tres los textos presentados. La disidencia se dejó ver desde un principio. Si bien horas antes el oficialismo había hecho público un proyecto de resolución en el que diferenciaba su postura de la Casa Rosada, luego, a la hora de debatir, decidió no dar quórum por no ponerse de acuerdo con el Frente de Todos para combinar los dos textos.

Con ese panorama, el PJ logró juntar los 129 diputados necesarios para comenzar la sesión. Recién ahí empezaron a aparecer los primeros legisladores de Cambiemos. Después de izar la bandera y cantar el himno, el presidente del cuerpo, Emilio Monzó, llamó a un cuarto intermedio para definir cómo se desarrollaría la sesión.

En esa reunión se decidió que habría tres proyectos en discusión: el del PJ, el de Cambiemos y el de Evolución, el bloque que lidera Martín Lousteau, de viaje por Mendoza.

El primero en hablar fue Felipe Solá, del bloque Red por Argentina, autor de uno de los proyectos del PJ, que marcó la postura de todo el peronismo: "Está claro que en Bolivia se quebró el Estado de derecho. El presidente Evo Morales convocó nuevamente a elecciones, corrigiendo errores previos, pero los errores políticos se pagan en las urnas y los éxitos se cobran en las urnas, no en los estrados de la OEA. La oposición (boliviana) convocó a movilizaciones en las calles, que fueron violentas desde el primer momento. Y, además, el nivel de violencia mostró que había una coordinación previa de todos esos movimientos. No existe nada espontáneo en la calle, casi nada".

Quien le respondió de Cambiemos fue el radical Suárez Lastra: "Me resisto a la discusión semiótica. Si le queremos llamar golpe, llamémosle golpe. Creo que es un golpe. Pero llamemos a las cosas por su nombre: Solá habla de errores prácticos en el comicio. Eso se llama fraude y es un robo a la soberanía del pueblo".

"Debemos convocar a los representantes legítimos del pueblo de Bolivia a elecciones limpias y transparentes, desde la autoridad y la convicción que tenemos los argentinos", agregó el diputado.

Se condenó la forzada dimisión de Morales pero sin el apoyo de los legisladores de Cambiemos.Destacado:Barricadas y molotov en Chile

La crisis social y política en Chile no se detiene. Ya suman 26 los días de protesta. Las marchas y los incidentes que tienen a Santiago como epicentro se replican en diferentes ciudades. Ayer, el punto más caliente fue otra vez la Plaza Italia de la capital chilena. La embajada argentina volvió a ser atacada.

Nuevos incidentes y destrozos ocurrieron en esa jornada, ocasionados por un grupo de manifestantes que armó barricadas con fuego. A los gases lacrimógenos que les arrojaron los carabineros respondieron con bombas molotov y pedradas.

La zona estuvo fuertemente custodiada también con camiones hidrantes, que apuntaban directamente contra los encapuchados en las cercanías de las calles Vicuña Mackenna y Carabineros de Chile, a metros de la residencia del embajador argentino, José Octavio Bordón.

El martes pasado hubo un paro convocado por un centenar de organizaciones sociales, para presionar al Gobierno nacional del presidente Sebastián Piñera a que profundice las reformas sociales.