El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros doce imputados, se reanudará este lunes con el inicio del alegato fiscal, que se extenderá durante nueve audiencias.

En Comodoro Py sostienen que se trata de uno de los mayores juicios en materia de corrupción, con un dato inédito: la principal acusada es una vicepresidenta en ejercicio. En casos anteriores los imputados ya se encontraban fuera de la función pública. 

Tras el receso judicial de invierno, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 escuchará desde este lunes en su rol de parte acusadora al fiscal de juicio, Diego Luciani, quien ya anticipó que expondrá durante nueve audiencias, a razón de tres por semana.

En la última jornada previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron a empresas del también acusado Lázaro Báez en ese período.

“Es imposible demostrar la existencia de una organización criminal. Además de las dudas producidas en el debate sobre los sobreprecios, encontramos una absoluta orfandad probatoria al momento de probar una asociación ilícita”, dijo Leandro Ventura, abogado del organismo del gobierno nacional.

Con esta postura, la única voz acusadora que quedó en el debate es la del fiscal Luciani, quien según fuentes judiciales considerará que hay pruebas para formular pedidos de pena.

Tanto la vicepresidenta como los restantes juzgados tienen obligación de presenciar las audiencias en esta etapa de alegatos, aunque como el debate se realiza por videoconferencia pueden conectarse a través de la plataforma Zoom.

El juicio se realiza de manera virtual desde agosto de 2020, pero los tres jueces, Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, están presentes en una de las salas de audiencias de los tribunales federales de Retiro, en Comodoro Py 2002.

En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si existieron sobreprecios, falta de capacidad técnica para hacerlas, licitaciones amañadas y el pago total de las obras cuando la mayoría no fueron terminadas.

Además de la vicepresidenta, son juzgados el propio Báez, dueño de "Austral Construcciones"; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública José López.

También son juzgados exfuncionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.

Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo "Austral Construcciones" resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país por 46.000 millones de pesos, "plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles". Por ello, se habla de un "direccionamiento" a favor del conglomerado de Báez.

La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa, pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas.

Si Luciani no acusa, la vicepresidenta quedará absuelta. Sin embargo, la expectativa es que pida que sea condenada. El fiscal se maneja desde hace semanas con mucho hermetismo sobre lo que hará en su alegato. Solo él y su equipo de trabajo conocen los lineamientos de lo que será su exposición que se dividirá con Sergio Mola, fiscal federal de Lomas de Zamora, que fue designado para este juicio.

El juicio comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos, incluido el del presidente Alberto Fernández, en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19. En la hoja de ruta que trazaron los jueces del TOF 2, la idea es que haya veredicto antes de fin de año.

Respecto a una eventual condena, fuentes judiciales explicaron que "las penas concursadas, es decir sumados los delitos, pueden tener un máximo en total de 16 años".

Desde el kirchnerismo salieron al cruce de la Justicia señalando una potencial condena a CFK busca que no pueda presentarse en los comicios del año próximo. Sin embargo, las penas no se hacen efectivas hasta que se consideran "firmes", es decir, que deben pasan por el filtro final de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Son revisiones que suelen durar años, por lo que en este caso los plazos judiciales exceden el cronograma electoral. En tal sentido, en ámbitos políticos se descuenta que la expresidenta buscará mantener sus fueros y por eso sería candidata a una banca de legisladora nacional en 2023.

Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, Cristina Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que "fue un plan ideado por el Gobierno saliente" de Mauricio Macri y que la causa "forma parte del lawfare".

En este marco, la vicepresidenta difundió semanas atrás un video en el que sostiene que su condena ya está “escrita” y “a esta altura, hasta firmada”.

La acusación es por los delitos de asociación ilícita y defraudación a la administración pública. La vicepresidenta está acusada de ser la jefa de esa asociación ilícita.

Fuente: El Sol