Buenos Aires, 21 de marzo .- La Justicia condenó en 2010, en una cifra récord, a 110 represores acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, y aspira a juzgar a otros 112 este año, en distintos juicios orales que están previstos en distintas provincias, según los datos oficiales de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento por Violaciones a los Derechos Humanos, de la Procuración General de la Nación. ‘Desde la vuelta de la democracia hasta el día de hoy fueron condenados 200 represores (incluye la etapa del Juicio a las Juntas), en tanto que sólo el año pasado fueron 110‘, señaló a Télam una fuente de esa unidad fiscal que dirige Jorge Auat y coordina Pablo Parenti.

Según los datos oficiales de los fiscales, ‘el año pasado culminaron 19 juicios orales, otros 9 en trámite en la actualidad y 6 con fecha de inicio para este año, con un total de 112 imputados que podrían terminar condenados (de ellos, 17 ya tienen condena anterior por delitos de lesa humanidad)‘.

Una fuente de la unidad fiscal explicó a Télam que ‘el momento más crítico para alcanzar la verdad y la justicia fue la realización del primer juicio oral en cada una de las provincias donde existían causas, y pasada esa instancia, el camino quedó allanado para identificar y condenar a todos los responsables‘.

Los datos de la procuración señalan que existen unos 820 procesados en causas por delitos de lesa humanidad que deberán ser juzgados en futuros debates orales.

‘Este panorama general demuestra una consolidación del proceso de juzgamiento en la mayor parte del país, sin que queden remanentes del enorme abismo de impunidad que había al momento de la reapertura de las causas‘, señaló la fuente consultada de la unidad fiscal.

Además, los fiscales expresaron su satisfacción con la proyección de juicios orales prevista para este año y consideraron que ‘las causas en etapa de instrucción siguen enriqueciendo el proceso de juzgamiento y, que la perspectiva es de continuidad, ya que se espera que este ritmo se acelere‘.

En 2005, con la derogación de las leyes que impedían el enjuiciamiento de los responsables de la represión, comenzaron los juicio orales y casi medio centenar de jueces fueron cuestionados por poner trabas al avance de estos procesos.

Incluso, este año, por primera vez desde el regreso a la democracia, fue destituído un juez por su desempeño durante el terrorismo de Estado. Otros tantos han venido renunciado, Por otra parte, recientemente se dictó el auto de procesamiento de un juez por su intervención en la apropiación de un menor durante la dictadura.

Se trata del ex juez Luis Vera Candiotti, de Santa Fe, de quien se sospecha que se aprovechó del proceso de guarda y adopción del que interviene la justicia para apropiarse de un menor. Los casos de apropiaciones de niños durante la dictadura fueron una de las materias en las que la Unidad Fiscal de Coordinación puso especial atención durante el último año, tanto que elaboró un protocolo de actuación fiscal para la investigación eficiente de estos casos.

Se trata de ‘una guía de buenas prácticas para la producción ágil y efectiva de algunas medidas consideradas básicas para el esclarecimiento de los hechos que se ha puesto en circulación en las distintas fiscalías‘, dijo un vocero de esa unidad fiscal.

El proceso de enjuiciamiento a los militares que actuaron durante el terrorismo de Estado comenzó con el Juicio a las Juntas, en la presidencia de Raúl Alfonsín, pero durante ese mismo gobierno se sancionaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y Carlos Menem les otorgó indultos a los responsables.

En tanto, un nuevo impulso se produjo en 2005 durante el gobierno del entonces presidente Néstor Kirchner, con la derogación de las leyes que impedían el enjuiciamiento de los responsables de la represión para dar paso a la búsqueda de verdad y justicia.