El Gobierno jujeño propuso expropiar tierras, tras el violento desalojo de un predio privado ocupado por familias en Jujuy, cuyos incidentes dejaron un saldo de 4 muertos.

Ayer hubo diversas marchas en el país, mientras que el Gobierno de Jujuy remitió al Poder Legislativo un proyecto de ley para expropiar tierras de la empresa Ledesma en la localidad Libertador General San Martín -donde el jueves pasado se produjo el desalojo- y otros terrenos en Fraile Pintado y Pampa Blanca.
La jueza Carolina Pérez Rojas afirmó que Gendarmería Nacional “va a peritar las armas” secuestradas y explicó que “es para que haya transparencia en todo el procedimiento, dado que está involucrado el personal policial”.

La magistrada pidió esperar los resultados de las autopsias practicadas ayer para “determinar de dónde provinieron las balas que mataron a estos jóvenes, si por parte de la Policía de la provincia, de los asentados de la Corriente Clasista Combativa (CCC) o si el personal de seguridad de Ledesma, que según los rumores existentes, habría prestado ayuda logística al personal policial”.

La empresa Ledesma, por su parte, expresó en un comunicado que son “totalmente falsos los rumores” que asocian a la compañía con la represión perpetrada en el predio y pidió “una pronta investigación judicial”.

El desalojo de unas 700 familias que ocupaban un predio del Ingenio Ledesma en la localidad ubicada a unos 120 kilómetros de la capital provincial se produjo el jueves a la mañana a raíz de una orden judicial que llevó adelante la Policía jujeña.
El desalojo violento del predio, donde permanecen familias con el apoyo de la CCC, derivó el jueves en la renuncia del ministro de Gobierno y Justicia jujeño, Pablo La Villa. En tanto, en la provincia integrantes de la CCC mantienen al menos siete cortes de rutas nacionales y provinciales en Jujuy.

El ministro de Salud provincial, Víctor Urbani, informó ayer a la prensa que la cuarta víctima mortal por el desalojo fue un civil identificado como Juan Velázquez, de 37 años. “Tenía una herida de arma de fuego en la región frontal del cráneo sin orificio de salida”, expresó el funcionario, y reportó que 11 personas permanecen internadas.

Las víctimas mortales reportadas el jueves fueron el policía Alejandro Farfán, de 22 años, y los civiles Félix Reyes, de 21, y Ariel Farfán, de 17, quienes recibieron impactos de armas de fuego.
En un comunicado distribuido en Casa de Gobierno, el ministro de Interior, Florencio Randazzo, repudió los “hechos de violencia”, pidió el “inmediato” esclarecimiento de lo ocurrido en Jujuy y reclamó que “se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez que ordenó la medida”.

El desalojo violento y las muertes fueron repudiados por organizaciones sociales, políticas y sindicales que marcharon en diferentes puntos del país, entre ellos Plaza de Mayo, en Capital Federal, y en la capital jujeña. Allí, organizaciones sociales, políticas y sindicales marcharon al mediodía a la Plaza Belgrano.