Ayer jueves, en el “Día del Vino Argentino”, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto que establece alcohol cero al volante. Esta aprobación generó polémica y resistencia en las provincias vitivinícolas y en Mendoza ya hablan de que, aún si la Cámara de Senadores aprueba la norma, no aplicará la legislación en las rutas provinciales.
“Somos la capital internacional del vino”, señalaron desde Casa de Gobierno mostrando desacuerdo con la ley, según informa el medio El Sol. Es por eso que si el proyecto se convierte en ley, la jurisdicción se aplicará para las rutas nacionales, según dieron a entender en el Ejecutivo. En tanto, la provincia mantendrá las actuales sanciones en las rutas locales a partir de los 0,5 miligramos de alcohol en sangre.
Con ese escenario planteado, los legisladores mendocinos de Juntos por el Cambio se negaron a aprobar el proyecto que reforma la Ley 24.449 para reducir de 0,5 a 0 miligramos la cantidad de alcohol por litro de sangre que puede tolerarse para conducir.
Una de las que se mostró en contra del proyecto fue la legisladora radical, Jimena Latorre, que presentó un proyecto alternativo. Durante su alocución señaló que “es demagogia cambiar la tolerancia del alcohol en sangre permitida para conducir, sin cambiar las sanciones para el que infrinja tal tolerancia. Es prohibir sin posibilidad de castigar. Realmente es lamentable, porque coincidiendo en la necesidad de abordar la problemática y darle una solución, eligen el camino facilista y el de la mentira”, sostuvo.
En cuanto al diputado radical Julio Cobos, defendió el proyecto de minoría que presentó Latorre, que apunta a aumentar multas y penas por reincidencia, como ocurre a nivel provincial.
En la misma línea se expresó el diputado nacional del PRO, Omar de Marchi, que señaló que a pesar de las “buenas intenciones”, no resolverá el problema de fondo.
“No estamos de acuerdo porque está comprobado que los accidentes de tránsito por ingesta alcohólica se producen cuando es mayor a 0,5. Hay una tendencia a creer que con una ley solucionan todos los problemas y no es así”, remarcó el ex intendente de Luján de Cuyo.
En cambio, el peronista Adolfo Bermejo defendió su aval a la iniciativa y cuestionó las palabras de Latorre. “Lamentó mucho haber escuchado la palabra demagogia, era innecesario ese calificativo”, ponderó el maipucino. Pero dejó en claro que es potestad del Gobierno provincial decidir si adhiere o no.
“Mendoza tiene su propia ley de tránsito, por lo que el gobernador podrá o no adherir“, afirmó. También graficó que “en Mendoza, a pedido del gobernador -Rodolfo Suarez-, la agencia de seguridad abrió tres bases, con control de alcoholemia. Se reconoce de esta manera que la inseguridad vial es un problema para esta provincia”.
Por su parte, el gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, Sergio Villanueva, es otro de los indignados por este proyecto. Sin embargo, aseguró que el sector resistirá y en caso de ser necesario plantearán el tema en la Justicia.
“Somos un hueso duro de roer. Hay un acuerdo político por el peso de Buenos Aires en este tema. Es algo inédito, un acuerdo entre La Cámpora, el Gobierno nacional y la oposición. Les da rédito político porque nadie se quiere poner en contra de un tema así”, sostuvo Villanueva.
“No hay racionalidad en el tema, no les importa. No ven las estadísticas”, concluyó el empresario.
Otro de los que levantó la voz en contra fue el presidente del Observatorio Vial (OVILAM) Latinoamericano, el ingeniero Fabián Pons.
“En primer lugar, decir alcoholemia cero es una aberración técnica. Alcoholemia es la concentración de alcohol en sangre. El alcohol cero en países desarrollados se trabaja concientizado, educando y controlando”, sostuvo el especialista.
Según explicó, los accidentes mortales con conductores alcoholizados se producen generalmente con más de un gramo de alcohol en sangre. Haciendo una comparación respecto de los controles actuales, explicó que en promedio Finlandia controló al 70% de la población por año, Europa un 20% mientras que anualmente Argentina controla el 0,7% de la población.
“Esto es una medida tribunera para algún político de turno. Ningún país desarrollado tiene tolerancia cero”, insistió Pons.
Fuente: El Sol