La amenaza de un nuevo acuartelamiento policial, que comenzó a circular en las redes sociales y que tenía de protagonistas a esposas de los policías que protestaron en diciembre pasado, activó ayer el envío de 1.000 gendarmes a la provincia de Córdoba por parte del Gobierno nacional. Además de confirmar el envío de fuerzas federales, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, advirtió que el Gobierno ‘no va a permitir la extorsión por parte de algunos sectores de la policía‘, luego de que se denunciaran intentos para promover una nueva revuelta entre los uniformados de esa provincia mediterránea.
La decisión de la Casa Rosada se produjo ante la detención en Córdoba de 17 personas, entre ellos 16 policías y una ex agente y esposa de un efectivo, por su participación en el autoacuartelamiento de la fuerza provincial en diciembre pasado, que derivó en saqueos generalizados en la capital. Al respecto, el jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, aseguró estar ‘convencido‘ de que al menos los cuatro efectivos pasados antenoche a situación pasiva estaban impulsando un nuevo autoacuartelamiento. ‘Me comentaron que hay grupos minúsculos de policías, que no tienen una vocación de servicio‘, advirtió Suárez.
‘No vamos a permitir la extorsión por parte de algunos sectores porque, hay que recalcarlo, no es toda la policía, son algunos pequeños grupos dentro de la policía que todavía no se adaptan a vivir en convivencia con la democracia‘, aseveró Berni.
El secretario de Seguridad confirmó que ya fueron enviados a Córdoba ‘más de mil efectivos de las tres fuerzas de seguridad dependientes del ministerio: la Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria‘ como medida preventiva.
Berni ratificó sus críticas contra los uniformados que promueven protestas: ‘Se creen que porque la Constitución le ha dado un arma tienen derecho a extorsionar a quienes les dieron un arma‘.
‘Por instrucción de la presidenta de la Nación, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, ha establecido los mecanismos necesarios para el envío de mil agente de las fuerzas federales en materia de seguridad preventiva frente a eventuales acciones de la policía de la provincia de Córdoba‘, anunció por la mañana el jefe de Gabinete Jorge Capitanich.
El jefe de ministros recordó que la seguridad interna depende de las provincias y dejó en claro que la medida fue dispuesta a partir de ‘un requerimiento formal‘ del gobernador cordobés, José Manuel De la Sota.
‘El Tribunal de Conducta Policial de Córdoba sancionó a cuatro efectivos como una medida preventiva en virtud de que han promovido un proceso de acuartelamiento similar a lo registrado‘ el 3 de diciembre pasado ‘con los disturbios y saqueos acaecidos que ha involucrado a miembros de la fuerza‘, detalló Capitanich.
En tanto en la ciudad de Córdoba una veintena de esposas de policías llevó a cabo una protesta por la mañana frente a la Jefatura de la fuerza, en rechazo de las sanciones aplicadas en la víspera. (DyN)