Esta mañana Florencia Kirchner llegó a los tribunales de Comodoro Py para declarar por el caso Los Sauces para declarar ante el juez Federal Claudio Boinadio. De camisa blanca y un pantalón oscuro, la hija de la ex presidente Cristina Kirchner ingresó por una puerta lateral escoltada por un fuerte operativo de seguridad. Rápidamente se dirigió al cuarto piso, donde están las oficinas de Bonadio, acompañada por el ex jefe de los espías, Oscar Parrilli, y su abogado, Carlos Beraldi.

Media hora después de haber ingresado, a las 9:15, la hija de la ex Jefa de Estado se retiró del edificio judicial. Según trascendió, presentó un escrito y se negó a responder preguntas. 

El viernes, tras un pedido de Cristina Kirchner, el juez federal Claudio Bonadio dictó la exención de prisión para Florencia Kirchner. Según declaró la ex mandataria, tenía información de que el magistrado pretendía detener a sus hijos, algo que finalmente no sucedió.

El caso

Los Sauces S.A. es una inmobiliaria de la familia de la ex Presidente que tiene algunos antecedentes que llamaron la atención de la denunciante, la diputada Margarita Stolbizer, y del fiscal que interviene en el expediente, Carlos Rívolo. Por ejemplo, en su historial registra sólo dos empleados -uno de ellos es el jardinero de CFK-, no cuenta con una oficina o sede de operaciones y en sus balances no se registraron movimientos financieros entre 2006 y 2009, cuando se realizó una inversión de $9.625.000.

Si bien la causa se inició por una presunta falsificación de documentos, el expediente tomó un rumbo propio y ahora el juez Bonadio investiga la comisión de delitos más graves como lo son el "cohecho" (pago de coimas) y el lavado de activos.

La pericia contable arrojó que Los Sauces tuvo sólo dos inquilinos privilegiados: los empresarios Lázaro Báez (86% de la facturación) y Cristóbal López. Ante la ausencia en la mayoría de las transacciones de documentación respaldatoria, una de las hipótesis de la investigación es que los empresarios giraban dinero a los Kirchner a través de pagos por alquileres, como una suerte de devolución de favores a partir de negocios realizados con las obras públicas que el anterior gobierno les adjudicaban.