La Nación, las provincias y los municipios entraron en un conflicto de intereses en torno de la potestad para cobrar impuestos o tasas sobre los combustibles que el Gobierno nacional llevó ayer hasta la Corte Suprema de Justicia para que lo declare inconstitucional y desnuda el déficit que azota al Estado.
Todo empezó en Córdoba en setiembre pasado el gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, comenzó a cobrar una suerte de ‘tasa’ a los combustibles para financiar obras viales.
El tema que en su momento no despertó mayor enojo en la Nación desbordó cuando se supo que, Mauricio Macri en la Ciudad, y Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, iban a imitar la medida.
Al dato objetivo, de la creciente necesidad del Estado nacional y las provincias de fondos frescos para financiar obras en momentos de vacas flacas, se suma otro dato: el político. De la Sota, Macri y Scioli están enfrentados con la Casa Rosada.
En este contexto, el Gobierno de Cristina Fernández consideró el cobro de este canon de ‘competencia exclusiva del Estado nacional de acuerdo con ‘la Constitución y las leyes‘. Y recurrió a la Corte para que lo ratifique.
En la presentación, según anunció el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el Gobierno nacional pidió al máximo tribunal de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la ley cordobesa y reclamó a otras jurisdicciones que se abstengan de llevar adelante una medida similar, por considerarla ilegal.
La demanda fue presentada a través de la Procuración del Tesoro, junto con un pedido de ‘no innovar‘ para que se suspenda la aplicación de la tasa en la provincia mediterránea.
Tras admitir que la demanda presentada busca también ‘desincentivar‘ que otros distritos apliquen una medida similar a la de Córdoba, Lorenzino criticó de la Sota, por tomar ‘medidas de ajuste de otras épocas que impactan en el bolsillo de los cordobeses y atenta contra el turismo‘.
Para hacerse cargo de los subtes, Macri envió un proyecto a la Legislatura porteña que contempla un impuesto de entre 10 y 40 centavos sobre el litro de naftas; mientras que Scioli propone una suma fija de 10 centavos por litro. Este mecanismo que rechaza la Nación, fue utilizado por la Casa Rosada, para justificar los reajustes de tarifas de luz y gas a partir del 1 de noviembre para la construcción de obras del tendido energético.
Las discusiones se dan en el marco de la más alta presión fiscal de la historia argentina, de casi el 37% del PBI, y en un año en el que 18 de los 24 distritos subnacionales aumentaron su carga tributaria, ante las dificultades financieras que atraviesan.