La procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, volvió a quedar ayer en la mira de la Justicia, pues un fiscal la imputó por presunto encubrimiento del empresario kirchnerista Lázaro Báez y la Cámara Federal porteña ordenó reabrir la causa para determinar si cometió irregularidades en el nombramiento de representantes del Ministerio Público. Asimismo, se supo que la Corte Suprema analiza la posibilidad de pronunciarse sobre la validez de designaciones de fiscales subrogantes, en el marco de un dictamen en un juicio comercial que es objetado por un empresario.
En uno de los casos, el fiscal federal Gerardo Di Masi impulsó una denuncia de la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) contra Gils Carbó, el juez federal Sebastián Casanello -que tiene la causa por presunto lavado de dinero contra Báez- y los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi, de la Procuraduría antilavado (Procelac), por tener ‘un accionar deliberado en el que se intenta frustrar la investigación en curso‘. Di Masi pidió copia de la causa para determinar si hubo demoras en avanzar en la pesquisa, por ejemplo en los allanamientos o en el impulso a las medidas solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuán.
Di Masi consideró que la causa se puede encuadrar en los delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público y ahora las medidas deben ser resueltas por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. En tanto, la Cámara Federal ordenó reabrir la causa contra Gils Carbó por el nombramiento presuntamente irregular de fiscales ’ad hoc’.