La Corte Suprema escuchó ayer los argumentos técnicos y políticos, por partes iguales, de los ‘amicus curiae‘, entidades intermedias que respaldaron alternativa y sucesivamente en exposiciones de 15 minutos cada una al Grupo Clarín y al Estado Nacional, en el litigio judicial sobre la aplicación completa de la Ley de Medios Audiovisuales. En la audiencia pública, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, le pidió ayer a la Corte Suprema que ‘dicte un fallo histórico‘ respaldando la aplicación ‘completa‘ de la ley de Medios Audiovisuales.
‘No puede haber derechos adquiridos ni violación a la propiedad privada a través de una posición construida violando derechos humanos‘, insistió la procuradora, al mencionar que una de las partes en litigio, el Grupo Clarín, representa una ‘concentración de medios que pone en jaque el poder de los gobiernos democráticos‘. ‘Le pido a la corte que evalúe el peso relativo de los reales intereses en juego. El interés económico de un grupo concentrado en no desinvertir y mantener la concentración mediática, y por el otro lado derechos vinculados a la libre información y soberanía del pueblo para recibir información plural‘, insistió.
Gils Carbó aclaró que la ‘desinversión‘ que establece el artículo 161 de la ley ‘no equivale a un daño patrimonial, sino a un reembolso. Para que haya daño, además, ese daño debe ser injusto‘.
Más tarde, el Grupo Clarín salió al cruce de las ‘difamaciones, falsedades y agravios‘ que recibió en la audiencia, de parte de ‘expositores presentados por el Gobierno, incluyendo dos funcionarias que deberían guardar absoluta neutralidad‘. En un comunicado, Clarín señaló que durante la sesión, distintos ‘amicus curiae‘ que abogaron a favor del Gobierno, entre ellos la Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, Cynthia Ottaviano y Alejandra Gils Carbó ‘lanzaron una serie de premeditadas falsedades en relación al Grupo Clarín‘. Para Clarín, ‘Gils Carbó falseó datos sobre Papel Prensa; sostuvo infundadamente que el crecimiento del Grupo se produjo en violación a la ley; afirmó que la compra de Cablevisión, aprobada por este Gobierno, fue ilegítima. Un verdadero compendio de las difamaciones oficiales‘, informaron.
También se refirió a Ottaviano, de quien dijo que ‘asumió una postura de enfrentamiento contra la empresa, lo que demuestra su falta de imparcialidad para ejercer el cargo‘. En ese sentido, y con respecto a Cablevisión, según Clarín, Ottaviano lanzó ‘falsedades varias‘, las que rebatió: ‘Habló de despidos, cuando desde 2006 la compañía incorporó más de 2.000 nuevos puestos de trabajo. También sostuvo que es el único oferente de TV paga en ciertas plazas, cuando en todas compite con otros operadores’, contrapuso Clarín, entre otros.