Después de que Alberto Fernández calificara el fallo de la Corte Suprema coma "la decrepitud del derecho convertido en sentencias" y su advertencia de que "seguirá cuidando la salud de los argentinos más allá de los fallos judiciales", el Gobierno retomó su plan para dotar al Presidente de "superpoderes".

En un comunicado de 20 puntos difundido al filo de la noche, se confirmó que en los próximos días el Poder Ejecutivo enviará al Congreso Nacional, para su consideración, una ley marco para regular la gestión de esta gravísima pandemia por parte del Gobierno nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata del proyecto de ley que anunció el propio Alberto Fernández el 30 de abril al informar sobre la

extensión de las restricciones en el AMBA hasta el 21 de mayo próximo. El Gobierno busca así que el Presidente tenga facultad plena para dictar medidas de cumplimiento efectivo para todos los distritos que considere pertinente durante la pandemia de coronavirus. Así, con esta herramienta legislativa, cerrarle la puerta a la judicialización de las restricciones.

El plan ya provocó una reacción de desconfianza de la principal fuerza de la oposición. Juntos por el Cambio ya avisó que "no dará al Presidente facultades extraordinarias para disponer de la libertad de los argentinos o avasallar las autonomías de las provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Sin embargo, la iniciativa fue ratificada ayer incluso tras la resolución de la Corte Suprema, que en una parte del fallo sobre la autonomía de la Ciudad, aclara que la sentencia de ayer no sólo es para el DNU de abril si no que rige para "el DNU vigente y casos futuros". Esto pondría a la eventual ley que apruebe el Congreso también bajo un manto de "inconstitucionalidad" ya que al igual que el DNU presidencial violaría la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

Bajo este paraguas incierto, el Gobierno confirmó que enviará el proyecto de ley al Congreso y en el punto 19 de su comunicado considera, además, que el fallo de la Corte Suprema "no tiene efectos prácticos" y que sigue vigente el DNU que extendió y fijó nuevas restricciones en el AMBA.

Horas antes del comunicado de 20 puntos, Alberto Fernández dedicó fuertes críticas al fallo de la Corte.

Fernández dijo ser una persona que reivindica el "Estado de Derecho", que respeta las "sentencias" pero, al mismo tiempo, subrayó su voluntad de "seguir cuidando la salud de los argentinos" más allá de los fallos judiciales. "No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Es el tiempo que me ha tocado, también deberemos luchar contra eso. Lo que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca", dijo al final de su discurso, al encabezar el acto de presentación del Plan "Juana Manso", que buscará dotar de conectividad a miles de estudiantes de todo el país.

Lo confirmó en un comunicado de 20 puntos. El Presidente tildó el fallo como "decrepitud del derecho".

  • Presidente de la Corte contra ‘franquicias’

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, consideró “inconstitucional” el artículo del decreto ya vencido que suspendió las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un voto particular en el que destacó que “la emergencia no es una franquicia para ignorar el derecho vigente” y que la administración porteña “cuenta con todas las facultades propias de legislación interna” de una provincia. Advirtió, además, sobre el peligro de “usurpar” las funciones de las autoridades locales.

La argumentación de Rosenkrantz señala que el gobierno nacional debe atender los problemas provocados por la pandemia dentro de los límites formales y sustanciales que impone la Constitución.

Según él, en el caso en cuestión quedó en evidencia que el impacto interjurisdiccional de las clases presenciales invocado por la Nación “es meramente conjetural”.

‘No debe perderse de vista que la emergencia, si bien puede proporcionar la ocasión para ejercer un poder existente, no crea poderes nuevos’, escribió Rosenkrantz en su voto.