Buenos Aires.- El juez federal Ariel Lijo se declaró hoy incompetente para investigar la denuncia contra el ex titular de Aduana Juan José Gómez Centurión por entender que en la causa se analizan maniobras de contrabando y derivó el caso al fuero en lo Penal Económico.
Aunque no se cierra la investigación sobre él, la decisión beneficia al desplazado jefe de la Aduana, luego de que Lijo dejó en claro en su resolución que ‘el resultado de las medidas dispuestas no han permitido un avance sobre su eventual responsabilidad en las maniobras denunciadas‘ y que ‘las medidas probatorias dispuestas no han logrado vincular‘ a Gómez Centurión ‘a algún hecho delictivo de competencia federal‘.
‘Del análisis de los hechos denunciados y la prueba colectada se puede establecer que las maniobras, por sus características y habitualidad, serían las propias de una organización dedicada al contrabando de mercaderías, cuya competencia corresponde al Fuero Penal Económico de esta ciudad‘, sostuvo Lijo, informaron fuentes judiciales.
El 19 de agosto pasado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció a Gómez Centurión, entonces jefe de la Dirección General de Aduanas (DGA), a raíz de una acusación que llegó a esa cartera con grabaciones que involucraban al ex funcionario en maniobras ilegales.
Según la denuncia, se aludía a una red de contrabandistas con protección oficial y al supuesto tráfico de unos dos mil contenedores. Inmediatamente, el presidente Mauricio Macri separó a Gómez Centurión de su cargo, mientras que la justicia avanzó con la imputación en su contra y del empresario Carlos Oldemar Barreiro Laborda, alias ‘Cuqui‘, ex dueño de la compañía de alarmas y recuperadora de autos robados Lo Jack.
En la denuncia del Ministerio Público se mencionó además de Gómez Centurión y Barreiro Laborda a la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Ailán, al abogado Edgardo Rodolfo Paolucci, quien fue funcionario en la Aduana; a Julio César Tizado, quien sería un empleado de ‘Cuqui‘, y a Claudio Minicelli, cuñado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, entre otros.
Gómez Centurión negó públicamente las acusaciones y fue apoyado por la diputada Elisa Carrió, gestora de Cambiemos, quien declaró en la causa y aportó documentación que fue considerada por el magistrado.
Semanas atrás, el ex jefe de la Aduana -ex militar que simpatizó con los ‘carapintadas‘ a mediados de los ’80- se presentó en la causa dos veces para hacer un descargo en donde reconoció haber tenido diálogos con Barreiro Laborda pero rechazó que estuvieran ligados a maniobras ilícitas.
Ahora, mientras se esperaban los resultados de una serie de diligencias que había ordenado el fiscal Guillermo Marijuan y el juez Lijo para esclarecer la investigación, se conoció la decisión del magistrado de derivar la competencia al fuero Penal Económico.
‘El avance de la investigación ha permitido corroborar el carácter aduanero de los hechos denunciados y cualquier imputación que pueda realizarse estará vinculada al comercio exterior y al ingreso ilegal de mercadería al país‘, dijo el juez.
Según señaló, la supuesta intervención de Gómez Centurión ‘en los hechos denunciados fue uno de los motivos por los cuales se radicó la denuncia en este fuero de excepción; lo cierto es que el resultado de las medidas dispuestas no han permitido un avance sobre su eventual responsabilidad en las maniobras denunciadas‘.
Del fallo se desprende que ‘los teléfonos identificados y utilizados por Juan José Gómez Centurión no registran comunicaciones con aquellos identificados y utilizados por Oldemar Carlos Barreiro Laborda, Rita María Teresa Ailán, Julio Cesar Tizado, Federico Ernesto Tiscornia Salort, Néstor Orlando Frega y Claudio Minicelli‘.
‘Por lo tanto, en base a lo expuesto, teniendo en cuenta que las medidas probatorias dispuestas no han logrado vincular a Juan José Gómez Centurión a algún hecho delictivo de competencia federal y que, por el contrario, la acreditación de distintos puntos de la denuncia realizada han permitido encuadrar las maniobras en delitos previstos en el Código Aduanero, es que corresponde que declare la incompetencia en razón de la materia y remita las presentes actuaciones a la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de esta Ciudad a efectos de que sortee el Juzgado que deberá continuar interviniendo‘, se señaló.