El juez de Nueva York (EEUU), Thomas Griesa, condicionó ayer el levantamiento de las trabas que le impiden a Argentina el pago de su deuda reestructurada a que el país derogue las leyes Cerrojo y de Pago Soberano y a que se cumplan con los acuerdos que se alcancen con holdouts hasta el 29 de febrero.
La Ley Cerrojo fue aprobada por el Congreso a fines de 2004 para forzar a los acreedores privados a aceptar la reestructuración de la deuda propuesta por el Gobierno. Así se ofrecía ese canje como única alternativa de pago, a la vez que prohibía reabrir cualquier nuevo canje en el futuro. En 2005, ingresaron al canje bonistas por el equivalente al 76 por ciento de la deuda en reestructuración.
Mientras que la Ley de Pago Soberano es una herramienta para cambiar la sede de pago para que puedan cobrar los bonistas que entraron al canje de deuda de 2005 y 2010.
Ayer, Griesa recibió los fundamentos de Argentina sobre la solicitud para remover el congelamiento de fondos que mantiene al país en default selectivo. Argentina fundamentó ayer el pedido de stay que le presentó a Griesa y admitió que necesita la medida para regresar a los mercados de capitales, acceso que se mantiene trabado por las restricciones impuestas por el magistrado.
‘Necesitamos que la Corte otorgue un ’stay’ para regresar a los mercados de capitales‘, sostuvo el país en el documento que remitió ayer al juzgado. Concretamente, le requirió a Griesa que levante las trabas que impuso y permita que los acreedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 puedan cobrar sus bonos.
Griesa señaló que Argentina debe derogar ‘todos los obstáculos legislativos‘. Luego impone que el país debe cumplir con los acuerdos que se alcancen con holdouts hasta el 29 de febrero. Hasta el momento se dieron a conocer acuerdos con tres grupos de acreedores por una cifra de unos 1.200 millones de dólares. En cambio, los más fuertes, NML Capital y Aurelius, mantienen el rechazo a la oferta de la Argentina.