El Gobierno dio un primer paso en busca de desactivar un paro general o una movilización en mayo tras recibir por primera vez a la cúpula de la CGT, que, pese a la resistencia del núcleo duro y algunas desconfianzas, estaría dispuesta a participar de una mesa de diálogo permanente con el Gobierno.
Para que se empiecen a coincidir los intereses de ambas partes, los popes de los principales sindicatos apoyarían cambios acotados en la legislación laboral que se están cocinando en el Congreso, pero a cambio reclamaron al Poder Ejecutivo que acelere la homologación de acuerdos paritarios que no aprobó todavía. El caso más polémico es el de gremio de Camioneros que conduce Pablo Moyano y que tiene previsto reunirse hoy para decidir si convocan a un paro general de 48 horas en el transporte de cargas.
Aunque no hubo anuncios ni fotos para apagar el incendio, la reunión que encabezó el ministro del Interior Guillermo Francos, con la principal central obrera del país, sirvió para barajar y dar de nuevo en la relación compleja y de dientes apretados entre el gobierno de Javier Milei y los sindicalistas.
El mega DNU con la reforma laboral que frenó la Justicia y obligó al Presidente a dar un volantazo sobre la marcha, fue la gota que rebalsó el vaso y dejó al descubierto las diferencias. Pero hoy se abrió una puerta de diálogo más allá de que la cúpula de la CGT apuesta al fracaso de la Ley Bases en el Congreso y la caída definitiva del DNU de la mano del bloque de Unión por la Patria, la izquierda y algunos legisladores díscolos de las provincias y de la UCR.
Francos, que por la mañana recibió a los jefes de los bloques “dialoguistas” en el Senado, no estuvo solo en la cumbre con sindicalistas en el Salón de los Escudos: lo acompañaron sorpresivamente el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el secretario de Interior, Lisandro Catalán, y el flamante secretario de Trabajo, Julio Cordero. El ministro del Interior fue el primero en irse en el medio de la crisis política que golpea al bloque del oficialismo.
Prueba del viraje en el vínculo entre gremios y el Gobierno fue la presencia del principal asesor del Presidente, Santiago Caputo. “No hay una decisión de tener un enfrentamiento ideológico ni intención demonizar a los sindicatos”, dijo Caputo durante la reunión.
Entre los popes sindicales que acudieron la Rosada se contaron Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Cristian Jerónimo (vidrio), Jorge Sola (seguros) y Hugo Moyano (Camioneros).
“Fue una reunión cordial. Fue la primera que tuvimos desde que se formó el Gobierno. Nosotros vamos a apoyar todo lo que sea razonable”, dijo uno de los participantes del encuentro.
Los gremialistas prefieren hablar de modernización laboral en lugar de una reforma y sostienen que están dispuestos a apoyar cambios en materia las indemnizaciones (fondo de cese laborales), régimen de multas por despidos, y en la ampliación del período de prueba. El Gobierno ya descartó empujar un proyecto que limite la cuota sindical y se comprometió a homologar las paritarias.
Dos puntos clave que se bajarían
Los negociadores libertarios se mostraron dispuestos a sacar de la Ley Bases los artículos de la reforma laboral que figuran en el DNU más resistidos por el sindicalismo. Uno es la limitación de las cuotas solidarias, el recurso más eficaz para el financiamiento de los sindicatos a través de los descuentos compulsivos de una suma pactada en los convenios colectivos de trabajo, que el Poder Ejecutivo propuso que debían contar con el “consentimiento explícito” del trabajador para ser descontada.
Otro punto del DNU que critica la CGT es el que diluye la ultraactividad de los convenios colectivos, principio que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo, algo que los sindicalistas defienden a rajatabla como una forma de “preservar los derechos de los trabajadores” y evitar una “negociación a la baja”.