Más de dos millones de vehículos judicializados en todo el país están en condiciones de ser compactados y cuya chatarra puede generar una ganancia de unos 1.500 millones de pesos para ser destinada al bien público, informó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Además, la Justicia puede disponer que algunos de esos vehículos decomisados sean destinados a la lucha contra el crimen o como material didáctico para la enseñanza técnica a jóvenes.

Para lograr estos fines, la cartera nacional lanzó el sistema del Registro Nacional de Vehículos Secuestrados (Renavese), dependiente de la Secretaría de Seguridad de la Nación.

El registro funciona dentro de la estructura del Programa Nacional de Compactación (Pronacom) que regula los procesos de descontaminación y compactación de vehículos secuestrados.

Entre provincias y municipios, ya son 48 estructuras las que se benefician con el programa, ya que en forma gratuita se le compactan las unidades secuestradas y se le descontaminan los playones utilizados para ese fin.

En los distritos que aún no adhirieron recurren a subastas o remates para recuperar algo de dinero.

El sistema está desarrollado para concentrar la información que aporten las dependencias de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria sobre los vehículos incautados en causas judiciales.

"La cantidad para comprimir es dinámica porque el circuito no para: se secuestra todo tipo de vehículo y, si no se compactan en los tiempos que uno espera, el stock crece. El sistema no lo soporta. Si se saca una foto hoy, a nivel país se puede estar hablando de dos millones", dijo a Télam Rodrigo Bonini, subsecretario de Investigación del Delito Organizado y Complejo.

No obstante, el funcionario judicial aclaró que el dato formal no puede conocerse a ciencia cierta debido a la situación que presentan los predios de acopio.

Para Bonini, no se va a tener un número claro sobre cuántos vehículos están en condiciones de ser compactados hasta tanto no se logre "trabajar en conjunto con las provincias para darle certeza y previsibilidad a todo el sistema del que nos habla la ley".

La reglamentación indica que al cumplirse los seis meses, desde que el vehículo está en custodia, la fuerza que interviene le debe comunicar al juzgado a cargo del expediente que ingresará a este programa nacional, sea cual fuere su estado.

Uno de los impedimentos puede ser que la Justicia determine que ese auto se pueda utilizar para movilidad de estructuras del Estado o los destine para prácticas en colegios técnicos, alternativa ésta prevista en el Pronacom.

"No importa si ese bien está apto para rodamiento o inutilizable. Si el juez determina que debe ser destruido, se destruye. Se le puede explicar que puede ser reutilizado contra el crimen, pero si decide la destrucción, debe acatarse", dijo Damián Raboso, creador del Renavese, al que calificó como "el cerebro dentro del músculo que es Pronacom".

Un auto que fue usado para cometer delitos "termina siendo utilizado para combatir el crimen organizado a través de las fuerzas federales. Éste es uno de los dos mensajes; el otro es que se transforman en una herramienta para que los chicos aprendan un oficio. Es un mensaje social contundente", definió el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco.

En caso de compactarse, esa chatarra se traduce en el reciclado del material, por lo que hay un circuito virtuoso en la cuestión ambiental que la ley protege, y el dinero que surge de la chatarra se destina a entidades de bien público, a Acción Social. Una tonelada es el equivalente a 1,3 vehículo comprimido, y su valor fluctúa entre los 850 y 1.000 pesos. "Es un dinero importante, dice Raboso. En el producto de la compactación que surgió de los primeros operativos en la provincia de Buenos Aires, que era de 1.700.000 pesos, se destinó al Hospital de Niños".

Este operativo, que implicaría una gran erogación para las provincias, el Pronacom lo realiza de forma gratuita, les recupera los predios, las empresas que trabajan en la compresión llevan las maquinarias ecológicas y se cobran la labor con la chatarra, derivando el resto a las entidades de bien público.

Los municipios de casi todo el país tienen un conflicto muy grave con sus espacios de custodia debido a que los predios destinados al alojamiento de vehículos secuestrados están normalmente en situación de colapso, según estableció el Registro Nacional de Vehículos Secuestrados (Renavese).

Cada lugar de guarda o de depósito tiene una cantidad definida de plazas de alojamiento y dependiendo de los metros cuadrados que tenga se calcula cuántos vehículos podrían estar alojados e identificados.

"Calculemos: en un predio de cien metros cuadrados, pueden estar bien alojados unos cincuenta vehículos, pero el acopio a cielo abierto produce contaminación ambiental y, además, con el colapso de los lugares se generan conflictos sociales debido a que hay ocupación del espacio público, se producen incendios y hay actos de vandalismo con los que se nutre de autopartes ilegales el mercado de repuestos", dijo Damián Raboso, jefe del Registro.

Cuando el Renavese hace jornadas de capacitación en provincias y municipios, el planteo que recibe está vinculado con el elevado gasto que significa el alquiler de depósitos, que esos espacios cada vez deben ser más grandes, que su custodia significa una erogación muy alta y que no hacen más operativos de seguridad vial porque no pueden secuestrar más motos ya que son bienes que luego nadie reclama.

"Utilizar el programa Renavese nos permite poder diseñar futuros operativos y saber el grado de ocupación que tiene cada predio", agregó Raboso. "Reducimos toda la carga burocrática de estar llevando la información a la Justicia y a su vez le otorgamos a los jueces intervinientes la posibilidad de ver el estado general del bien secuestrado. Así conocen el nivel de contaminación real que generan y el estado de destrucción que presentan muchos vehículos que ya nadie va a reclamar. ¡Ni la aseguradora los va a retirar!", concluyó.