Impacto profundo. La renuncia de los obispos al dinero que el Estado aporta para sostener el culto católico corona la grieta entre la Iglesia argentina y el gobierno de Mauricio Macri que no han logrado establecer relaciones de confianza.

En una decisión histórica para la Iglesia Católica, los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) acordaron ayer "el reemplazo gradual de los aportes del Estado por alternativas basadas en la solidaridad de los fieles", lo que implica la renuncia a unos 130 millones de pesos que recibe cada año del Gobierno nacional.


Además, se conformó una comisión que trabajará en la creación de un fondo solidario, y se continuará el diálogo con el Gobierno para consensuar "diversas alternativas que facilitarán" el traspaso de una modalidad a la otra.


Así lo informó la oficina de prensa de la CEA, al término de cinco días de deliberaciones de un centenar de obispos llegados de todo el país, que se reunieron en la casa de retiros El Cenáculo, de Pilar, encabezados por el presidente del cuerpo y obispo de San Isidro, Oscar Ojea.


"Los obispos reunidos en la 116 Asamblea Plenaria han confirmado aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado (asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera), por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común (Hechos de los Apóstoles 2,44)", indicó el comunicado.


Según lo previsto este año, el aporte económico que el Estado le hace a la Iglesia asciende a unos 130 millones de pesos, cifra que representa sólo el 7 por ciento del presupuesto total que maneja el Episcopado.


Asimismo, la CEA informó que se creó una comisión episcopal para el "sostenimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia", que trabajará en la "creación de un fondo solidario y la continuidad del diálogo con el Gobierno, consensuando diversas alternativas que facilitarán este reemplazo".


De esta manera, queda confirmado por el plenario de obispos el cambio al actual sistema de sostenimiento de culto que la Iglesia venía estudiando hace meses con el Estado nacional, bajo un estricto hermetismo.


En marzo, el tema había originado un caluroso debate cuando -en momentos en que se empezaba a instalar el tema de la legalización del aborto- el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informó en el Congreso que el presupuesto destinado a la Iglesia católica en 2018 ascendía a 130 millones de pesos.


La asamblea plenaria comenzó el lunes con un fuerte mensaje de monseñor Ojea, quien llamó a los obispos de todo el país "cuidar y defender la unidad" del Episcopado ante los "grandes desafíos pastorales" que se presentaron este año, como el debate sobre el aborto, los pedidos de apostasías, las denuncias de abusos dentro de la Iglesia y los ataques al papa Francisco, que se dieron en medio de una "crisis social y económica".


Ojea refirió que todas esas situaciones se dan en medio de una "crisis social y económica que golpea a todo el pueblo argentino, y que va resintiendo la confianza en la dirigencia política aumentando el mal humor social"


La exhortación del titular del Episcopado a sus pares se produjo días después de la controversia generada por la misa por la "paz, el pan y el trabajo", celebrada el 20 de octubre por el arzobispo de Mercedes-Luján, Agustín Radrizzani frente a la basílica, con la presencia de Hugo y Pablo Moyano y referentes de kirchnerismo, que provocó cierta tensión dentro de Episcopado.


Qué dijo el Papa

El papa Francisco afirmó ayer que a la Iglesia "la mantienen los fieles". De todas formas, el pontífice se manifestó en contra de tarifar la impartición de los sacramentos. Durante la homilía, el Papa aprovechó para advertir sobre el riesgo de caer en la idolatría del dinero que, a su juicio, está en la raíz de la corrupción".