San Juan, 21 de enero.- En 2006, una clase política impactada por las repercusiones de las marchas de Juan Carlos Blumberg, había avanzado sobre el tema de la baja en la edad de imputabilidad de los menores.

El Senado argentino, en julio del 2009, aprobó un proyecto de ley que bajaba la edad de imputabilidad a los 14 años, con el fin de “disminuir los índices de delincuencia local que convierten a la inseguridad en el principal reclamo de la población”.

En estos días, reflotado por el homicidio de Fabián Esquivel a manos de chicos de entre 13 y 16 años, el tema vuelve a los medios, y al debate cotidiano del ciudadano común y de personas con responsabilidades de gobierno, en cualquiera de los tres poderes del estado.

El reaparecido ingeniero Blumberg, sostuvo en estos días que “a alguien que mata hay que sacarlo de la sociedad para que no siga matando", sin abundar demasiado en la cuestión etaria.

En contra de la medida se alzaron las voces del gobierno nacional y los dirigentes que forman el espacio. El ministro del Interior, Florencio Randazzo señaló que "existen todas las herramientas legales" para que un juez ordene custodias a un menor "peligroso". Aseguró que también hay condiciones como para que una persona que comete un delito sea puesto "entre rejas".

Esta postura del oficialismo fue reforzada por el gobernador José Luis Gioja. El mandatario, a través de la red social Twitter, destacó que "con respecto a Ley Penal Juvenil hay que ser prudente y prevenir porque la fácil es condenar, sin ver lo que está pasando". "Si uno condena a un pibe de 13 años lo tira directamente, y no tiene ningún tipo de futuro", advirtió, y agregó que "siempre hay que ir a las causas y tratar de prevenir fundamentalmente".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se manifiesta con reiterada ambigüedad sobre el tema. Si bien no quiere sacar demasiado los pies del plato del discurso oficial, tampoco desea enfrentarse con una porción importante de la población de su provincia, acólita del discurso de “seguridad”. “La gente pide más seguridad y más justicia", sostiene el ex motonauta, y se apura a negar conflicto entre su ministro de Seguridad Casal y el ministro Randazzo.

El ministro de Justicia y Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, mostró grises entre su postura y la del gobierno nacional. Si bien no salió a exigir la baja en la edad de imputabilidad, advirtió del "vacío legal" en materia penal juvenil. Casal recordó en estos días que cuando Scioli salió a pedir el urgente tratamiento del tema, "lo masacraron" con críticas al acusarlo de pertenecer a la "derecha" política y promover la "mano dura".

Entre los partidos de la “derecha” la opinión es un bloque sin grietas, todos coinciden. El titular del PRO, Mauricio Macri, dijo que el gobierno tiene "mucha hipocresía" al tratar esta problemática. "Se compran propuestas ideológicas que suenan lindas pero que no han servido. Existe una enorme falla y ausencia en la legislación y en el rol del Estado", dijo.

Francisco de Narváez, ocasional aliado del ex presidente de Boca Juniors, fue más audaz. “La edad de imputabilidad habría que fijarla definitivamente en 14 años. Tiene que haber lugares para detener a los menores, contenerlos, asistirlos psicológicamente, darles educación y reinsertarlos. La presidenta tiene que llamar al Congreso para tratar el tema. No hay otra prioridad", reclamó, señalando lo que para él es el mal que aqueja a la Argentina.

Lo mismo opinó la diputada nacional por la Coalición Cívica Patricia Bullrich, quien exigió la "sanción e implementación inmediata de un Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil", apuntando a que los menores puedan ser encarcelados.

Insólitamente, desde la UCR, un partido que se podría considerar más “progresista" que las fuerzas antes citadas, el diputado nacional Juan Pedro Tunessi se manifestó a favor de aprobar una nueva ley penal juvenil y hasta se animó a lanzar su propuesta: "En América Latina la responsabilidad penal comienza a los 12 años".

La opinión de un especialista

Uno de los juristas más prestigiosos de nuestro país, respetado desde lo académico por todos los sectores, aún por aquellos que mantienen profundas diferencias ideológicas y lo acusan de “garantista”, Eugenio Zaffaroni, propuso una mirada original sobre el tema, lejos del debate que se basa exclusivamente en cuestión cronológica.

“Hablar de baja en la edad de imputabilidad es un error técnico: nadie se vuelve imputable porque pasó la medianoche. Nuestra legislación excluye a los menores del sistema penal ordinario hasta los 16 años, pero no los vuelve inimputables. Hasta esa edad, el criterio que predomina y que está contra la Constitución es el criterio tutelar, que se basa en sacar al niño del sistema penal y dejarlo bajo la tutela del Estado, que lo considera incapaz”, señaló el ministro de la Corte Suprema de justicia de la Nación, en un reportaje de un matutino porteño.

“Como se supone que todo lo que haga el Estado con él será para bien, se deduce que no hará falta un proceso penal acusatorio y que no necesitará las mismas garantías que un adulto en un proceso penal. En la historia, ¿a quiénes se tuteló? A las mujeres, a los niños, a los indios. Mirá cómo les fue. La ideología tutelar es inquisitorial. A mí que no me tutelen, ¡que me juzguen!”, apuntó. “La Convención Internacional de los Derechos del Niño, incluida en nuestra Constitución, estableció que los niños deben tener los mismos derechos y garantías que un adulto. Alguien menor a 16 años es un ciudadano: hay que probar que hizo lo que dicen que hizo. Someterlo a un proceso penal como Dios manda, con derecho de defensa, juez, fiscal y defensor”, agregó Zaffaroni.

El letrado sumó, como idea, la responsabilidad por un lado, y la institucionalización por el otro, cosa que no hacen los anteriores. “Otro tema son las consecuencias penales. A un niño no se le puede aplicar la misma pena que al adulto. Quienes mienten o hablan por ignorancia citan el ejemplo de Brasil diciendo que allí los niños son imputables desde los 12 años. No, son procesables desde esa edad”, aclara, “pero se debe probar qué hicieron. Luego la pena no puede superar los cinco años.”

Según Zaffaroni, “el discurso represor dice: `aplíqueles la misma pena que a los adultos´. ¿Qué dice el progresismo, por así llamarlo? `Aplíquele las mismas garantías´. Para compatibilizar la Constitución nacional con la Legislación Positiva hay que reformar toda la legislación de niños y adolescentes. Tenemos un régimen tutelar y debemos pasar a un régimen jurídico de garantías. No lo puede hacer la Corte, lo tiene que hacer el Congreso. Tampoco debemos permitir que no haya régimen alguno”.

El cortista sostuvo que institucionalización “tiene que ser la última opción, excepcionalísima, y siempre que hayan fracasado otras previas. Antes puede haber medidas de asistencia, supervisión de conducta, familia sustituta o tratamiento si es –-por ejemplo– psicópata. No dejan de ser medidas limitativas de la libertad. Pero no me vengan con que eso es tutelar y se puede hacer sin garantías. Eso es lo inconstitucional que tiene nuestra ley: a los pibes los dejan hasta los 21 años sometidos a medidas, los pueden institucionalizar, y se fue al diablo el derecho a la familia. Porque `tiene errores de conducta´, dice la ley. Mil quinientos chicos institucionalizados en la provincia de Buenos Aires son muchos. Me pregunto si es necesario”, concluyó.