Anoche, media hora después de que Alberto Fernández se presentara espontáneamente a la Justicia ofreciendo donar la mitad de su sueldo por cuatro meses con la idea de activar la extinción de la causa penal, el Presidente fue imputado por el Olivosgate.

El fiscal federal Ramiro González formalizó la primera imputación y la apertura de una investigación penal contra Alberto Fernández por participar del cumpleaños de su mujer, Fabiola Yañez, el 14 de julio de 2020, en violación a su propio decreto que prohibía la reuniones sociales.

El fiscal González escribió en el expediente que "teniendo en cuenta las características de la denuncia relacionada con el evento del 14/7/20 (…) y a los fines de garantizar debidamente sus derechos de defensa, es que considero que en este estadio del proceso corresponde formalizar la investigación descripta en los dictámenes aludidos contra el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández".

El caso Olivosgate está en manos del juez federal Sebastián Casanello.

El texto continúa con la lista de todos los investigados que participaron de los festejos: Fabiola Yañez, Carolina Marafioti, Severina Sofía Elizabeth Pacchi, Florencia Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, Emanuel Esteban López, Fernando Daniel Consagra, Rocío Fernández Peruilh, Federico Abraham y Stefanía Domínguez.

Poco antes de esta decisión del fiscal, la Casa Rosada había informado formalmente que el Presidente se había presentado en el expediente y ofrecido pagar la mitad de su sueldo durante cuatro meses para reparar el daño y conciliar. El escrito del Presidente está firmado por él mismo como abogado, y la presentación la efectuó "por derecho propio", prescindiendo de la representación de Gregorio Dalbón, quien durante las últimas jornadas se había expresado ante los periodistas como el abogado del mandatario en esta causa.

Ante la presentación de Alberto Fernández, el fiscal sólo dijo "téngase presente".

Fernández manifestó su intención de donar la mitad de su sueldo, de 315.000 pesos, durante cuatro meses al Instituto Malbrán como compensación por la violación de la cuarentena estricta.

Hay antecedentes de que otros casos en los que se violó la cuarentena se resolvieron de este modo, con los acusados pagando una suma de dinero y reparando el daño. La conciliación no implica admitir responsabilidad ni siquiera el hecho delictivo: sólo acordar la extinción de la acción penal en un acuerdo entre partes. Ahora bien, en el caso de los funcionarios públicos esto puede ser problemático. De hecho, la probation no está permitida para los funcionarios públicos y hay antecedentes de conciliación intentadas por funcionarios públicos en casos de fraude al Estado, que no prosperaron.

En el expediente se busca determinar si las conductas denunciadas "pudieran configurar los delitos previstos en los art. 205 y 248 del Código Penal, que establecen la tipicidad de las acciones del funcionario que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

 

La docente K quedó en la mira

La Dirección General de Educación y Cultura bonaerense inició ayer una investigación para determinar si una docente de una escuela de La Matanza, que fue filmada mientras discutía con un alumno sobre las diferencias entre los gobiernos kirchneristas y el macrista, incurrió en una falta y hasta tanto eso concluya fue alejada del dictado de clases y deberá cumplir horario en una sede administrativa educativa.

Se trata de Laura Radetich, docente de la Escuela Técnica N´2 María Eva Duarte, de la localidad de Ciudad Evita, en el partido de La Matanza.

La mujer fue filmada por un alumno cuando discutía, en plena clase, con otro estudiante sobre el gobierno del expresidente Mauricio Macri y realizaba una encendida defensa del kirchnerismo y de la vicepresidenta, Cristina Fernández, usando un lenguaje indecoroso.