La administración kirchnerista estuvo signada durante 2011 por una línea dirigista y de estricto control sobre los precios, el tipo de cambio, los impuestos y las aduanas. En primer lugar, el intenso cronograma electoral resultó ser un factor que coadyuvó a que las variables se mostraran más inestables y llevó a los escritorios de las grandes empresas a postergar sus decisiones de inversión.

El comienzo del año mostró las clásicas características del reacomodamiento de precios, en especial sobre sectores de servicios como salud y educación. Pero, también las restricciones sobre el comercio de granos comenzaron a mostrar las dificultades en la comercialización y los problemas para colocar los saldos excedentes, en particular para el trigo y el maíz. Otro problema que comenzó a surgir en el sector rural fue la falta de mano de obra en las economías regionales durante la época de cosechas, debido al efecto combinado de un elevado pago de subsidios al desempleo, de elevados costos de combustibles y de magros salarios de mano de obra, lo que derivó en una pérdida sustantiva de los rendimientos, en especial, en las frutas.

En el plano fiscal y financiero, las dificultades del Tesoro para hacerse de los fondos necesarios para el pago de la deuda llevó a acelerar la utilización de recursos de otras dependencias como el Banco Central, la Anses, el PAMI o el Banco Nación, proceso que elevó los niveles de endeudamiento interno a casi 45.000 millones de pesos durante el año.

Paralelamente, el aumento del precio del petróleo a nivel de 100 dólares el barril, provocó que el Estado necesitara mayor cantidad de dólares para efectuar el pago de las importaciones de insumos energéticos, debido al déficit de la producción local. Al mismo tiempo, el precio de los bienes exportables del país comenzó un lento y persistente descenso lo que achicó el ingreso de divisas y la disponibilidad de dólares.

Las necesidades electorales sirvieron de propulsor para la expansión del consumo, con más gasto público y emisión monetaria, que se tradujo en una aceleración de la inflación y se convirtió en el combustible para la fuga de capitales. La política del dólar administrado, del control cambiario y el deterioro de la paridad respecto de la inflación llevó a un aumento de los costos en dólares. Esto disparó las importaciones, lo que obligó a una mayor necesidad de divisas y el Gobierno se vio obligado a poner un cepo casi impenetrable a la compra de dólares que en el mercado marginal tocó los 5 pesos.