Después de dos años de estar frenado en el Senado por la negativa del bloque PJ-FPV que conduce, Miguel Angel Pichetto, el Gobierno busca revivir el proyecto de ley de Extinción de Dominio que el permita al Estado el recupero de activos de casos de corrupción, el tráfico de drogas y el lavado de dinero.

La iniciativa que impulsa el Ejecutivo obtuvo media sanción en Diputados en junio de 2016, poco después del escándalo del exfuncionario K José López y sus valijas repletas de dinero. Pero el peronismo y kirchnerismo de la Cámara Alta se unieron para ponerlo en el freezzer, por eso, el oficialismo apunta a un proyecto de ley nuevo dentro de la Refoorma del Código Penal.

"El objetivo es facilitar la sanción de los responsables de delitos de corrupción mediante un aumento de las escalas penales y la incorporación de recupero de activos", informó ayer el Ministerio de Justicia. Así, la Comisión que preside el juez federal Mariano Borinsky prevé modificar el Título XI del Código Penal, que comprende los delitos de corrupción e incorporar un nuevo capítulo que agrupe los delitos de cohecho, dádivas, tráfico de influencias, soborno trasnacional, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros.

Creada por el Poder Ejecutivo en marzo de 2017, Borinsky señaló que el proyecto de reforma está "en un punto avanzado", por lo que "en dos meses podría estar terminado".

Con la idea de "fomentar la imposición de penas de cumplimiento efectivo", la reforma apunta a establecer escalas penales con de 4 a 12 años de prisión. También propone extender el período en el que se investiga el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos desde la fecha de la elección popular hasta seis años después de haber cesado en el cargo. Otro aspecto saliente de la reforma es que también apunta al "recupero por parte del Estado de los bienes sustraídos desde el inicio mismo de la causa penal". Respecto de la corrupción internacional, la Comisión estudia la introducción de los delitos de cohecho trasnacional, financiamiento del terrorismo y penas de hasta 25 años de prisión en el caso de organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico.También contempla la figura del colaborador eficaz o "arrepentido" y la posibilidad de reducción de pena para la persona jurídica que colabore voluntariamente en la investigación. Finalmente, la Comisión examina la posibilidad de limitar beneficios como la libertad condicional respecto de las personas condenadas por delitos de corrupción.