Buenos Aires, 13 de julio.- En un fallo conocido hoy, la Sala I de la Cámara revocó la decisión de archivar un expediente que, hasta ahora, no había logrado dar con ningún responsable de la maniobra.
Para los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler resulta "prematuro" cerrar la pesquisa, "a la luz de las diligencias probatorias que aún resta realizar, y que podrían resultar idóneas para el descubrimiento de la verdad material".
Es que en el marco de la causa del "Plan Cóndor" -el operativo que coordinó la represión de las dictaduras latinoamericanas a partir de los años ’70-, el fallecido abogado Florencio Varela (entonces defensor de los imputados Santiago Riveros, Eugenio Guañabens Pelleró y Juan Pablo Saá), había aportado determinada documentación de origen militar "de contenido explícitamente delictivo".
Concretamente, se trataba del reglamento RC 5-1, denominado "Operaciones sicológicas", fechado el 8 de noviembre de 1969. Con posterioridad, el abogado amplió la presentación en la que señalaba la existencia de casos de secuestros y tortura de personas puntuales, que se habrían perpetrado de acuerdo a la metodología que surgía del reglamento.
Puntualmente, la Justicia buscó determinar si existieron "actos materiales que se hayan desarrollado en estricto cumplimiento" de la normativa militar aludida, pero tras casi tres años de trámite se archivó la causa por entender que un reglamento en sí mismo no constituía un delito penal.