La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de Lázaro Báez para anular la declaración del "arrepentido" Leonardo Fariña, cuyas revelaciones detalladas sobre una serie de delitos, como lavado de dinero, mantienen en prisión al empresario kirchnerista desde abril de 2016.

El máximo tribunal, en un fallo firmado por todos sus integrantes, desestimó el planteo de "nulidad" que formuló la defensa de Báez, a cargo del abogado Maximiliano Rusconi.

Fariña estaba detenido y declaró ante el juez Sebastián Casanello en "indagatoria", pero en el transcurso de ese trámite procesal viró a "arrepentido" y ofreció colaborar con el esclarecimiento de los hechos. Así, describió supuestos mecanismos a los que habría apelado Lázaro Báez, identificó a otros presuntos implicados y, finalmente, obtuvo beneficios judiciales por los que hoy está en libertad.

En su declaración ante la justicia, "el maletero" de Lázaro, enumeró matrículas de aviones, estancias, cuentas bancarias, sociedades comerciales y, sobre todo, un extenso entramado de funcionarios, socios, testaferros, financistas, contadores y escribanos.

La defensa de Báez planteó la nulidad de aquel acto procesal porque dijo que aplicó un beneficio para Fariña no previsto en la ley pero que se convirtió en un perjuicio para el empresario.

Pero la Corte Suprema entendió que no hay en la causa una "sentencia definitiva" y, en consecuencia, rechazó adentrarse en el planteo, aunque eventualmente podría hacerlo después de que el expediente pase por todas las instancias judiciales. El fallo es irrecurrible y, en los hechos, significa un aval para la continuidad del expediente sobre la base de los aportes que realizó Fariña para inculpar a Báez.

En tanto, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer un recurso extraordinario y ratificó la imputación contra Jorge Chueco, un abogado detenido en el marco de la causa por lavado de activos conocida como "ruta del dinero K". La defensa de Chueco pretendía la nulidad de la ampliación de la declaración indagatoria dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello.

Chueco es uno de los abogados que aparecía junto a Daniel Pérez Gadín, contador de Lázaro Báez, como una de las personas que compraron la financiera SGI ("La Rosadita") a Federico Elaskar. La operación se habría hecho a través de Helvetic Services Group, de Suiza, de la que Chueco figuraba como "representante legal".

Chueco está procesado por lavado de activos con relación a la realización de maniobras a través de SGI, con el fin de sacar del país sumas millonarias en dólares con facturación apócrifa simulando gastos en los contratos de obra pública con el Estado Nacional.

Prisión para López
 

El detenido exsecretario kirchnerista de Obras Públicas José López acordó con la Justicia una condena de un año y siete meses de prisión por la tenencia ilegal del arma que portaba cuando fue a esconder nueve millones de dólares a un convento de General Rodríguez, en 2016.