La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York denegó hoy la apelación de la Argentina y de YPF de reconsiderar su fallo de la semana pasada, que había dejado firme una sentencia de primera instancia en el caso iniciado por el fondo Burford Capital, tras la compra de dos empresas del grupo Petersen, exaccionista de la petrolera.

De esta manera, el tribunal ratificó su fallo del 19 de abril en el que había confirmado lo dispuesto por la Corte de Distrito Sur de Nueva York, a cargo Loretta Preska, en el que se consideró que la Argentina violó los términos de la expropiación de la empresa, indicó la agencia Télam.

Fuentes oficiales explicaron que esta medida no es el fin de la causa, sino que a la Argentina le quedan recursos ante la propia Preska, la Cámara y la Corte Suprema de Estados Unidos.

"Hoy, la República Argentina e YPF presentará ante la jueza Loreta Preska un pedido de suspensión ( stay) del inicio del juicio. El argumento es simple: que no se inicie, hasta tanto ocurra la definición de la Corte Suprema sobre el certiorari, en el que la Argentina plantea la falta de jurisdicción de los tribunales norteamericanos, con el apoyo de México, Chile, Brasil y Colombia. Cabe recordar que la jueza Preska ya admitir esta semana un pedido similar", indicaron.

"De no prosperar el pedido de suspensión, la Argentina tendrá la posibilidad de plantear nuevas defensas", aseguraron. El proceso está en una fase preliminar: lo que se está discutiendo es una excepción previa de jurisdicción.

La causa -que podría contemplar una demanda por unos US$3000 millones- fue iniciada por el fondo Burford luego de comprar en la justicia española los derechos para litigar, en el contexto del proceso de quiebra de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora.

La decisión de la Corte de Apelaciones estadounidense se dio en el marco de una decisión todavía pendiente de la Corte Suprema de dicho país sobre la jurisdicción en la cual se deberá llevar a cabo el proceso, cuestión solicitada por la Argentina.

En enero, el máximo tribunal norteamericano solicitó al gobierno del presidente Donald Trump su opinión al respecto.