La Iglesia presentó ayer su propuesta de ayuda a la infancia pobre. El proyecto pertenece a la Comisión Nacional de Justicia y Paz, asesorada por el obispo Jorge Casaretto, y propone equiparar el derecho a la asignación familiar por hijo a todos los niños/as, adolescentes y embarazadas en situación de vulnerabilidad social, independientemente de la condición económica, social o laboral de sus padres.
Los destinatarios serán todos los niños argentinos desde la concepción hasta los 18 años, por lo que implica sumar a unos 6 millones de niños que hoy no reciben una asignación familiar.
Tras señalar que la asignación familiar ya la reciben los hijos de padres con trabajo formal a través del régimen de asignación familiar por hijo o por deducción del impuesto a las ganancias, la Comisión subrayó que el objetivo es "equiparar e igualar los derechos de todos los niños independientemente de la condición socioeconómica y laboral de sus padres".
El ingreso consistiría en una asignación mensual de 180 pesos por hijo que se actualizaría con el sistema de asignación familiar por hijo vigente, tal la cifra recientemente actualizada, y la forma de pago estaría instrumentada por medio de una Tarjeta de Seguro Social.
En este sentido, la Iglesia propone que el Anses sea el organismo técnico responsable de la implementación ya que actualmente paga las asignaciones familiares, cuenta con bases de datos de beneficiarios actualizadas y tiene cobertura de oficinas en todo el país.
El Presupuesto anual necesario para llevar adelante esta propuesta es de 12.900 millones de pesos que, según estimó el organismo, podrían ser financiados por medio de la reasignación de los fondos del Programa Familias y el Programa Jefes y Jefas de Hogar -2.700 millones de pesos- ya que serían mejorados por este ingreso. La necesidad restante de financiamiento sería de 10.200 millones de pesos que representa el 4,4 por ciento del Presupuesto Nacional y el 0,9 por ciento del PBI.
La comisión consideró que la propuesta es "un incentivo a la formalización del trabajo, dado que el beneficio no se pierde al ingresar al trabajo registrado, situación que hoy ocurre con algunos programas sociales".
El proyecto del Ingreso Básico para la Igualdad y la Equidad en la Niñez (B.I.E.N.) define un piso básico de ingreso para el grupo familiar independientemente de su situación económica y laboral.
Más allá de que los obispos insisten en este programa, el Gobierno, la Iglesia y la oposición no logran ponerse de acuerdo en cómo canalizar la ayuda social.
El oficialismo planea otorgar un subsidio de 135 pesos por hijo, pero no definió de dónde saldrá el dinero para hacerlo, mientras que desde la oposición, Elisa Carrió sostiene que esa iniciativa fomentará el clientelismo.
En tanto, la Iglesia considera en que hay que universalizar el subsidio.